Los latinos que ampliaron la coalición de Donald Trump en 2024 ahora pueden quitarle el control del Congreso a su partido. Si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato, tendrán que agradecer parte de su victoria a quienes hace dos años les dieron la espalda. Incluso en Texas, republicano durante décadas, el 55 % de sus electores hispanos registrados respalda al demócrata James Talarico para el Senado, según Univision. Después de las redadas y de tantas cuentas que siguen sin cuadrar, la grandeza prometida en las gorras rojas se parece poco a la vida que la mayoría de estadounidenses encuentra al volver a casa.

La herida electoral es profunda. Entre los hispanos que votaron por él en 2024, su aprobación pasó del 93 % al comienzo de su segundo mandato al 57 % en la medición de Pew Research Center publicada hace unas semanas. Pew advierte que la muestra hispana de su primera medición era pequeña, pero la caída es constante en todas las siguientes. La encuesta nacional de The New York Times y la Universidad de Siena del 21 de octubre da a los demócratas diez puntos de ventaja en la intención de voto para el Congreso. El 3 de noviembre se renovará la Cámara baja en su totalidad, y aproximadamente un tercio del Senado.

Las encuestas han llegado acompañadas de un recordatorio incómodo para los legisladores republicanos: sus electores los enviaron a Washington a trabajar. Las apariciones constantes en Fox News, las selfies con Elon Musk y la disposición a decir "sí" a todo lo que el presidente pida tienen sus ventajas en la capital: acceso, poder, contratos y dinero. Pero en los distritos hay cada vez más gente a la que el espectáculo simplemente ya no le basta. Ahora piden cosas extravagantes como medicinas, comida y gasolina a un precio razonable.

El voto latino está en el centro de ese desencanto. Trump prometió prosperidad mientras criminalizaba a comunidades enteras por su origen. Una parte importante del electorado hispano aceptó separar ambas cosas: confió en que el empresario resolvería la economía y en que la persecución anunciada estaría dirigida contra otros. Ahora evalúa los resultados de un gobierno cuyas operaciones migratorias han alcanzado a trabajadores y niños, además de separar a familias enteras. La insatisfacción económica convive con el miedo a encontrarse con agentes federales en la calle. Aquella separación resulta cada vez más difícil de sostener.

Un voto no es un pacto

Para entender el tamaño del giro hay que volver a 2024. Trump obtuvo el 48 % del voto hispano, frente al 36 % de 2020, según el estudio de votantes validados que Pew publicó en junio de 2025. La ventaja demócrata entre esos electores se redujo de veinticinco a tres puntos. Ese avance ayudó a Trump a ganar, pero también dejó a su partido dependiendo de votantes que acababan de demostrar su disposición a cambiar de preferencia. Un voto no es un pacto, mucho menos cuando el gobierno trata como criminales a quienes lo ayudaron a ganar.

El Partido Demócrata debería saberlo también. Durante años, confió demasiado en que el discurso antimigrante republicano bastaría para retener a los latinos. Pero advertirle a alguien que el adversario lo desprecia significa poco cuando ya no le pasa la tarjeta. Tampoco sirve celebrar indicadores económicos que ese votante no reconoce cuando compra comida. Si el partido que se presenta como defensor de un pueblo deja de escuchar sus preocupaciones, termina confundiendo representación con pertenencia: supone que esa gente es suya, aunque ya no se sienta representada.

En aquel entonces, fue Trump quien aprovechó la desconexión. Las entrevistas del proyecto Beyond the Ballot, de Equis, que siguió a seis votantes latinos durante meses, ayudan a entender la apuesta que lo devolvió a la Casa Blanca: precios más bajos, estabilidad y orden en la frontera. En esas conversaciones aparece una expectativa sencilla: trabajar debería alcanzar para vivir. Trump ofreció cerrar la distancia entre el esfuerzo de esos votantes y lo que podían pagar al final del mes. Lo hizo con la autoridad de un hombre que presumía saber de negocios y que atribuía los fracasos del país a enemigos fáciles de identificar.

Las cuentas que no cuadran

Gobernar ha resultado ser, para sorpresa de nadie, un poco más complejo que dictarle publicaciones de Truth Social a su asistente Natalie Harp. Existen medidas de alivio, como las deducciones federales para determinadas propinas y remuneraciones por horas extra, aprobadas en 2025. Reconocerlas permite precisar el fracaso: un beneficio tributario puede ser real y aun así resultar insuficiente en un presupuesto familiar consumido por la renta, el supermercado y las medicinas. Las promesas que hace dos años fueron un éxito de campaña hoy apenas alivian la presión de esas cuentas. En la encuesta de NYT/Siena, el 69 % del conjunto de votantes desaprueba la gestión del costo de vida.

La promesa de seguridad también tiene una cuenta pendiente. Algunos entrevistados por Equis esperaban deportaciones concentradas en delincuentes violentos; después describieron temor ante operaciones contra trabajadores y familias. Los registros permiten ir más allá de esas impresiones: al 11 de julio, el 70.6 % de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenía una condena penal, según TRAC, una organización de investigación de datos federales fundada en la Universidad de Syracuse. La población detenida, en su mayoría sin condena penal, desmiente la imagen de una operación reservada a criminales peligrosos.

Los votantes vieron esos números reflejados en historias de terror. En enero, la fotografía de un niño de cinco años detenido con su padre en Minnesota recorrió el país. Cuesta reconciliar a ese niño con la amenaza de la que el gobierno asegura estar protegiendo a los estadounidenses.

Ese mismo mes, agentes federales mataron en Minneapolis a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses. Good murió por disparos de un agente de ICE; en el caso de Pretti intervinieron agentes de otra dependencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Un examen de Reuters documentó contradicciones entre las versiones oficiales de enfrentamientos violentos y la evidencia disponible. El aparato que prometía proteger a los ciudadanos también podía matarlos y presentar después a los muertos como agresores.

Quién tiene que demostrar que pertenece

Ahí se rompe algo más que una promesa de campaña. El discurso de exclusión ofrece una frontera entre quienes merecen seguridad y quienes representan una amenaza. Quien se considera integrado puede imaginar que esa frontera lo protege: tiene documentos, trabaja, paga impuestos y no se parece a los delincuentes de los anuncios. Pero ha entregado al gobierno la facultad de decidir quién pertenece a cada lado. Cuando necesita demostrar que no es peligroso, descubre que la presunción de inocencia que ayudó a debilitar también le hacía falta.

La desinformación ayuda a que esa sospecha parezca razonable. Las acusaciones falsas contra los haitianos de Springfield, repetidas por Trump en 2024, convertían a una comunidad en un peligro antes de que hubiera una sola prueba. La identidad reemplazaba a la conducta: bastaba con ser haitiano para cargar con una acusación inventada. Una vez aceptada esa mentira, la persecución podía presentarse como protección. Su utilidad política estaba precisamente ahí, en conseguir que el público tolerara contra esas familias lo que le habría parecido inadmisible contra otras.

Esa obligación de defenderse por lo que uno es encontró una respuesta en Caro, Michigan, el 17 de octubre. Durante un encuentro con votantes, un hombre que se presentó como Tommy le exigió a Abdul El-Sayed que repudiara a los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista nacido en Egipto cuyas ramas en ese país, Jordania y Líbano recibieron designaciones estadounidenses por terrorismo. El candidato demócrata al Senado lo hizo y devolvió la pregunta: ¿por qué se lo estaba pidiendo a él? ¿Por qué su religión hacía sospechar una lealtad superior a la Constitución? El intercambio, que se volvió viral, pasó a tratar sobre quién podía ser considerado estadounidense sin condiciones adicionales.

El-Sayed evocó a John F. Kennedy: «No me presento para ser un senador musulmán. Me presento al Senado de Estados Unidos y resulta que soy musulmán». En 1960, Kennedy había defendido su independencia del Vaticano ante un país que nunca había elegido un presidente católico. Ese mismo año ganó las elecciones y se convirtió en el primer católico elegido presidente de Estados Unidos. El-Sayed aspira a llegar a un Senado que nunca ha tenido un integrante musulmán: si gana en noviembre, será el primero. La distancia entre ambas candidaturas dice algo sobre la persistencia de esa sospecha: algunas personas todavía tienen que acreditar una lealtad que a otras se les presume.

La pregunta había obligado al candidato a explicar por qué se podía confiar en él, en lugar de hablar de sus propuestas. El-Sayed respondió a la acusación y señaló el prejuicio que la sostenía. Esa segunda parte importó tanto como la primera.

La misma operación apareció en Texas. En Tyler, el 13 de octubre, el vicepresidente J. D. Vance utilizó una insinuación sobre la sexualidad de James Talarico como arma de campaña. La insinuación pretendía que la identidad atribuida al rival bastara para desacreditarlo, sin discutir una sola de sus propuestas. En Springfield, el origen; en Michigan, la religión; en Texas, una supuesta orientación sexual. Cambia el motivo, pero se conserva la exigencia de defender quién se es antes de poder hablar de lo que se hace.

Esto es relevante para explicar que el rechazo a Trump, por sí solo, no demuestra que se haya aprendido toda la lección. Pew encontró en octubre que el 62 % de los electores latinos considera excesiva la política de deportaciones. Pero entre quienes prefieren candidatos republicanos al Congreso, el 47 % cree que el gobierno hace lo adecuado y el 33 % quisiera que hiciera más. La diferencia muestra hasta dónde llega la ruptura y dónde persiste el respaldo. Se puede rechazar una redada sin abandonar los prejuicios que la hicieron aceptable. La oportunidad consiste en ampliar ese límite: que la protección no dependa de reconocer en la víctima a un vecino, un familiar o a uno mismo.

Por eso resulta insuficiente oponer el bolsillo a la identidad, como si fueran dos explicaciones que se excluyen. La promesa era poder vivir mejor y quedar a salvo. Su atractivo dependía de creer que ambas cosas podían conseguirse aceptando la desprotección de otros. El fracaso abre una pregunta más incómoda que el arrepentimiento individual: cuánto poder estamos dispuestos a conceder a quien nos ofrece tranquilidad a cambio de que dejemos de mirar lo que hace con los demás.

Del desencanto al poder

Esa disputa ya tiene una expresión electoral. Equis registró en su encuesta de octubre una preferencia latina del 57 % por los demócratas y del 31 % por los republicanos para el Congreso. El desencanto puede quitarles votos a los republicanos por varias vías: el cambio de partido, la abstención de antiguos simpatizantes o la movilización de quienes ya se les oponían. Los latinos no necesitamos votar de manera uniforme para resultar decisivos. Basta con que nuestra participación cambie las mayorías donde se decide el control del poder.

Texas permite ver lo que eso significa. Los demócratas no ganan allí una elección al Senado federal desde 1988. Ahora, la encuesta de la Universidad de Texas publicada el 13 de octubre sitúa a James Talarico con el 50 % y a Ken Paxton con el 47 % entre votantes probables, dentro del margen de error de ±3.34 puntos. Un estado que los republicanos acostumbraban contar entre sus seguridades ahora exige atención y dinero.

De ahí la importancia de Texas más allá de sus fronteras. Una contienda competitiva obliga al partido a repartir recursos que necesita en otros estados y amplía las rutas demócratas hacia una mayoría en el Senado. No hace falta dar por ganada la elección para reconocer el cambio: defender lo que se suponía asegurado ya modifica las decisiones de campaña.

¿Y si ganan?

Primero, conviene saber qué estarían ganando. Trump será presidente por dos años más. Una cámara permite investigar al Ejecutivo, exigir documentos y disputar el presupuesto. Para aprobar leyes contra la voluntad presidencial, en cambio, hace falta superar más obstáculos: ambas cámaras deben acordarlas y, si Trump las veta, se requieren dos tercios en cada una para levantar el veto. El resultado de noviembre puede ponerle límites sin desarmarlo. Confundir esas dos cosas dejaría a la oposición prometiendo cambios que no puede garantizar y al público esperando una normalidad que no llegará sola.

El politólogo Philip B. K. Potter estudió precisamente esa etapa en Lame-Duck Foreign Policy. Según Potter, los presidentes próximos a terminar su mandato conservan la ambición de dejar una huella, pero encuentran más obstáculos dentro del país. Eso los empuja hacia la política exterior, donde disponen de mayor autonomía para negociar, alcanzar acuerdos e incluso usar la fuerza. Perder margen en el Congreso puede aumentar el atractivo de actuar fuera de sus fronteras. Una derrota electoral no garantiza, por tanto, un presidente más contenido.

De ahí la importancia de la vigilancia legislativa, especialmente para América Latina. Un viaje, una negociación o una operación militar pueden ofrecerle a Trump la iniciativa que le disputa el Congreso. El presidente seguirá teniendo interlocutores interesados en negociar con él y gobiernos dispuestos a presentarlo como aliado, aunque los electores estadounidenses hayan decidido reducir su poder. Las facultades para investigar, condicionar recursos y hacer públicos los compromisos del Ejecutivo adquieren más valor cuando este tiene incentivos para buscar protagonismo en el exterior.

Tranquilidad a cambio de no mirar

Esa relación ya tiene una expresión concreta en El Salvador. En marzo y abril de 2025, Estados Unidos envió a 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Human Rights Watch y Cristosal documentaron torturas y otros abusos contra ellos a partir de entrevistas con antiguos detenidos, familiares y abogados. La política migratoria estadounidense llegó así a una prisión salvadoreña: sus consecuencias cruzaron la misma frontera que el discurso prometía proteger. Los acuerdos que permiten esa cooperación no desaparecen porque cambie la mayoría del Congreso.

En Argentina, la disputa también pasa por los límites que encuentra el presidente para cumplir sus promesas. Milei intentó eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros como parte de su programa de apertura económica. La resistencia judicial y parlamentaria lo obligó a retroceder: en octubre, la Corte Suprema suspendió la derogación y la Cámara de Diputados aprobó restituir la ley, con apoyo del propio oficialismo, en un proyecto que volvió al Senado. La diferencia importa. Las decisiones de un presidente pueden encontrar frenos cuando todavía existen instituciones capaces de exigirle que negocie.

Una victoria demócrata tampoco devolvería por sí sola las garantías que se han perdido en nuestros países. La gente sigue exigiendo cuentas, pero encuentra menos instituciones dispuestas a escucharlas y más riesgos al hacerlo. En El Salvador, la persecución de defensores de derechos humanos muestra lo que puede costar reclamar, incluso cuando los abusos están documentados. Un cambio de mayoría en Washington puede abrir espacios de presión y acompañamiento; difícilmente sustituirá las condiciones políticas que se necesitan para recuperar derechos.

Algunos espacios de presión ya existen. La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos celebró en abril una audiencia sobre el régimen de excepción salvadoreño; su agenda también ha incluido la consolidación autoritaria en Turquía y los derechos humanos en Venezuela. Los demócratas ya participan en su dirección, que cuenta con una copresidencia de cada partido. Si ganan la Cámara de Representantes, pasarían además a controlar su agenda y a presidir los comités legislativos. Ese poder podría ayudarles a convertir las denuncias recogidas por Lantos en investigaciones y propuestas para condicionar recursos y cooperación. Escuchar a las víctimas y disponer de instrumentos para actuar sobre sus testimonios son capacidades distintas; una nueva mayoría tendría que demostrar que está dispuesta a usar ambas.

Los salvadoreños conocemos el atractivo de esa promesa. Después de vivir bajo la violencia de las pandillas, querer tranquilidad era una aspiración elemental. El abuso empezó a encontrar permiso cuando denunciar una detención arbitraria pudo presentarse como una amenaza a la seguridad de todos. En Estados Unidos, algunos votantes latinos empiezan a descubrir el costo de una confianza parecida: creyeron que la dureza estaría reservada para otros, hasta que llegó a sus familias y sus barrios. Comprender por qué alguien aceptó ese trato también permite reconocer cuándo es necesario romperlo.

Las elecciones de noviembre ofrecen una oportunidad para hacerlo. Los latinos que ayudaron a fortalecer a Trump pueden ahora contribuir a ponerle límites y exigir a quienes reciban sus votos que investiguen los abusos, hagan públicos los acuerdos y fiscalicen el dinero que los sostiene, incluso cuando termina en una cárcel salvadoreña. Desde América Latina podemos alimentar esa exigencia con el trabajo de víctimas, periodistas y organizaciones que siguen documentando lo que los gobiernos preferirían mantener lejos del debate. Ahí hay una posibilidad que va más allá del triunfo de un partido: recuperar la capacidad de exigir cuentas a quienes prometieron protegernos. Poder vivir sin miedo a las pandillas, sin miedo a una redada y sin miedo a denunciar a un agente del Estado forma parte de una misma aspiración. Ningún gobierno debería poder obligarnos a escoger.

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