Cara y sello del legado de Gustavo Petro
7 de agosto de 2026
Balance de cuatro años del gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
Por Élmer L. Menjívar
Seguir Ganando
Un gobierno se parece a una moneda: tiene cara y sello, que nunca se muestran al mismo tiempo, y suelen confundirse cuando está girando. El problema es que casi siempre se le ve girando, y nadie espera a que se detenga para ver con claridad cada lado, hasta que esa moneda deja de girar del todo, cuando termina un gobierno.
De un lado está lo que pasó en la vida de la gente: si comió mejor, si consiguió trabajo, si el sueldo alcanzó. Del otro, lo que pasó en las cuentas del Estado: cuánto debe, a qué tasa, con qué margen. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, en Colombia, esos dos lados dicen cosas distintas y ciertas del mismo hecho.
No es un empate ni un matiz para quedar bien con todos. Es el resultado de una elección de gobierno, y se puede discutir precisamente porque fue una elección.
No nos olvidemos tampoco que esta moneda ha sido una nueva denominación en la historia de Colombia, con nueva lógica, nuevos valores, nuevas reglas aunque en el mismo mercado.
Quién decide con qué vara se mide
El primer gobierno de izquierda en la historia republicana de Colombia llegó con un programa redistributivo declarado. Pero fue evaluado, desde el primer trimestre, con el instrumento que mide otra cosa: déficit, deuda, calificación de riesgo, apetito de los mercados. No es un instrumento falso. Es un instrumento parcial, y su parcialidad rara vez se enuncia.
Conviene ser preciso, Gustavo Petro no gobernó una economía anticapitalista. Gobernó dentro del mercado, con banco central autónomo, y volvió a colocar deuda en los mercados internacionales. Lo que hizo fue heterodoxo y redistributivo, no rupturista. Llamarlo de otro modo es aceptar la caricatura del radical que arrasó con todo, una caricatura que ninguna cifra sostiene.
Lo que sí ocurre —en nuestra lectura editorial— es que un proyecto redistributivo en la periferia opera bajo restricciones que el centro no enfrenta. Las calificadoras de riesgo precian la heterodoxia como riesgo antes de que produzca resultados, y encarecen el crédito del país que se aparta del libreto. Nicolás Sartorius describe el problema de fondo en La democracia expansiva: la democracia quedó encogida dentro del Estado-nación mientras el capital se globalizaba, de modo que las decisiones que más pesan sobre una economía nacional se toman donde nadie votó. Naomi Klein aporta el otro instrumento, el mapa de poder: preguntar quién puede hacer qué, con qué respaldo y a qué costo.
Nombrar esa asimetría es análisis, no coartada. El mapa de poder describe la cancha; no mueve la vara ni vuelve aceptable lo que no lo es. Por eso este balance no descarta la rúbrica fiscal: le rompe el monopolio y le pega la etiqueta de la pregunta que corresponde.
El proyecto era de una coalición
Lo que ganó en 2022 no fue un hombre: fue el Pacto Histórico, una alianza de partidos de izquierda formada en febrero de 2021 —Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el MAIS y una decena de organizaciones más— que reunía a liderazgos con trayectorias propias y no siempre convergentes: Francia Márquez, Iván Cepeda, María José Pizarro, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Aída Avella. Esa distinción importa para leer el balance, porque los resultados que se evalúan aquí no dependieron sólo de un programa: dependieron de una coalición y de su capacidad de sostenerse.
Con 20 de 100 curules en el Senado, el Pacto era la bancada más grande y estaba lejos de gobernar solo. La aritmética obligó a una coalición ampliada con el Partido Liberal, el Conservador y La U, que en el primer año aprobó buena parte de la agenda. Duró poco. En abril de 2023 esa alianza se rompió y el Gobierno perdió las mayorías parlamentarias. En noviembre la Alianza Social Independiente se declaró independiente y lo debilitó aún más. Desde entonces, el proyecto tuvo que gobernar contra el Congreso en el que se había apoyado.
Ahí está una de las claves de este balance, y es incómoda para los dos lados. La ruptura no fue sólo obra de la oposición: un proyecto que llegó como coalición terminó ejerciéndose en clave personal, con el presidente como centro y sus aliados como público. La factura se pagó donde más se nota en estas páginas: la reforma tributaria estructural que debía financiar el gasto social no llegó, las reformas centrales se atascaron, y el mejor tramo de resultados coincide con los meses en que todavía había mayorías. Explicar eso no es absolver ala oposición política, que hizo lo que hace una oposición. Es señalar que la capacidad de sostener una alianza es parte del programa, no un asunto de temperamento.
La cara: la vida de la gente
La pobreza monetaria cayó del 36.6 % en 2022 al 31.8 % en 2024, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es el nivel más bajo en trece años. Sólo en 2024 salieron de la pobreza 1,200,000 personas. La pobreza extrema también retrocedió, hasta el 11.7 %.
El desempleo bajó del 11.3 % en junio de 2022 al 8.0 % en junio de 2026, y el promedio anual de 2025 fue el más bajo desde 2001. Importa cómo bajó: la ocupación subió, es decir que hubo más gente trabajando, y no menos gente buscando. Esa distinción separa una mejora real de un espejismo estadístico.
El salario mínimo pasó de $1,000,000 a $1,750,905 pesos colombianos (equivalentes a unos 319 y 558 dólares a la tasa de cambio de 2026). Descontada la inflación acumulada del período, la ganancia real ronda los 28 puntos. A eso se suma la reforma laboral de 2025, con la jornada semanal en descenso hacia las 42 horas y el recargo dominical restituido.
La inflación cuenta una historia menos lineal. Cerró 2022 en el 13.12 %, bajó hasta cerca del 5 % en 2024 y 2025, y volvió a subir: 6.14 % anual en junio de 2026, todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. No fue domada; fue contenida y se soltó otra vez.
Lo que no se movió
Hay un dato que este balance no puede acomodar, y que rara vez aparece en los recuentos afines: el coeficiente de Gini pasó de 0.556 en 2022 a 0.551 en 2024. Prácticamente no se movió.
El Gini mide qué tan concentrado está el ingreso de un país en una escala de 0 a 1, donde 0 sería que todos ganan exactamente lo mismo y 1 que una sola persona se queda con todo. Colombia está en 0.551, entre los países más desiguales del mundo, y ahí sigue.
Le fue mejor a mucha gente sin que el país se volviera menos desigual. Un programa que se define por la redistribución tiene ahí su medida más exigente, y el resultado es magro. Sacar personas de la pobreza y alterar la distribución del ingreso son dos logros distintos, y solo el primero ocurrió.
El bosque: el mejor cuatrienio, con la curva volteándose
La agenda ambientalista de Petro fue una de las apuestas más ambiciosas de un gobierno en la región, y también una de las más contradictorias en sus resultados. La deforestación es el caso donde la elección de la vara decide el veredicto, y donde la comparación importa más que el titular. En estos cuatro años Colombia perdió 435,864 hectáreas de bosque, según los reportes anuales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En el cuatrienio anterior, bajo Iván Duque, fueron 701,841. La diferencia es de un 38 % menos bosque talado, y el pico histórico sigue siendo 2017, con cerca de 220,000 hectáreas en un solo año: más que cualquier año de este gobierno. Medido contra sus antecesores, es el mejor desempeño en dos décadas.
El desglose anual cuenta una historia interna. La tala cayó de 123,517 hectáreas en 2022 a 79,256 en 2023, la cifra más baja desde que existe el registro. Y luego se revirtió: 113,608 en 2024 y 119,483 en 2025. Dos años consecutivos de aumento. El logro mayor ocurrió en un solo año y la tendencia se erosionó después.
El Ministerio de Ambiente presentó el resultado de 2025 con un título que no menciona ese aumento: el Gobierno superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de sus cuatro años. Es cierto. También es cierto lo que dice el informe técnico del propio IDEAM: en 2025 se observa una tendencia de aceleración en la mayor parte del país, y la Amazonía, que el comunicado describe como estable, aparece con patrones mixtos de aceleración en Putumayo, Caquetá y Guaviare. Elegir el indicador que favorece y titular con él no es mentir, pero es administrar la verdad, y aquí se lo señalamos a un gobierno afín con el mismo criterio que a cualquier otro.
El motor principal ya no son los cultivos de uso ilícito sino el acaparamiento de tierras para ganadería y la infraestructura sin planificar, concentrados en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Son, casi exactamente, los departamentos donde se expandieron los grupos armados. La política ambiental y la de seguridad ocupan el mismo territorio.
El sello: las cuentas
El déficit del Gobierno Nacional Central empeoró del 5.3 % del PIB en 2022 al 6.4 % en 2025. La deuda neta subió del 57.7 % al 58.6 %. Son alzas de 1.1 y 0.9 puntos, respectivamente, en cuatro años.
Aquí el balance debe evitar tanto el alarmismo como la complacencia. Ese deterioro no es un logro, pero tampoco es un derrumbe: para un cuatrienio que incluyó choques externos y expansión del gasto social, y comparado con la trayectoria de deuda de buena parte de América Latina en el mismo período, es un desvío moderado. Quien lo describa como destrucción de las finanzas públicas tendrá que explicar por qué 0.9 puntos en el aumento de deuda en cuatro años merecen esa palabra.
Lo que sí cambió de manera nítida es el precio del crédito. El 8 de abril de 2026, Standard & Poor’s —S&P, una de las tres grandes agencias que califican la capacidad de un país de pagar su deuda, junto con Moody’s y Fitch— bajó la calificación soberana de Colombia a BB-, el nivel más bajo desde 1993. Una calificación más baja significa que los inversionistas exigen más interés por prestarle al país, y ese sobreprecio lo paga el presupuesto nacional.
También quedó suspendida la regla fiscal hasta 2027. La regla fiscal es una norma que le fija al Gobierno un techo de déficit y lo obliga a converger hacia una deuda sostenible; existe desde 2011 para impedir que cada administración gaste por encima de sus ingresos y le deje la factura a la siguiente. El Gobierno activó la cláusula de escape prevista en la propia norma, con el argumento de que los ingresos no alcanzaban para sostener el gasto comprometido. Es un mecanismo legal, no una violación. Pero su efecto político es que el país se quedó sin el ancla que les daba a los mercados la garantía de un límite, y eso encareció el crédito justo cuando más se necesitaba.
Ahí está la restricción material del propio proyecto: según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 del Ministerio de Hacienda, el servicio de la deuda pesa cerca de 3.2 puntos del PIB, y ese dinero compite contra el gasto social que sostiene la apuesta. Un proyecto redistributivo endeudado a tasas más altas tiene menos con qué redistribuir.
Y este balance dice algo incómodo: el mayor gasto social se hizo sin construir la base tributaria que lo financiara de manera estable. La reforma tributaria de 2022 recaudó, pero el ajuste estructural no llegó y varias reformas centrales se atascaron en un Congreso que dejó de acompañarlo. Nuestra lectura es que el proyecto le dejó a su sucesor la factura de lo que hizo para avanzar a un estado de bienestar. Y nuestra advertencia es que esa factura será el argumento para desmontar dicho avance.
Cara y sello de la paz
La Paz Total fue el ensayo más ambicioso del gobierno y el que mejor expresa su hipótesis: que la guerra se termina antes hablando que venciendo. La decidió un presidente que se desmovilizó del movimiento guerrillero M-19 en 1990. Esa biografía explica la apuesta; no la evalúa.
Lo que la política consiguió está documentado. Según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la confrontación entre la fuerza pública y los grupos armados cayó un 28 % durante los primeros 27 meses. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aceptó un cese al fuego de un año, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el más largo que ese grupo haya sostenido desde su fundación en 1964. La erradicación forzada se redujo a la mitad mientras las incautaciones de cocaína crecieron: un cambio deliberado de estrategia, de perseguir campesinos a perseguir cargamentos.
Lo que la política costó también está documentado, y este balance no lo administra. Al bajar la presión militar, los grupos armados usaron el respiro para crecer. Su presencia se extendió a más de 580 municipios, 43 más que en el período previo, y la violencia entre ellos aumentó un 40 %. Los cultivos de coca llegaron a un máximo histórico de 261,386 hectáreas en 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aunque con el menor crecimiento anual en cuatro años.
No solo ocuparon más territorio: crecieron en gente. Los grupos ilegales superan hoy los 27,000 integrantes contando combatientes y redes de apoyo, tras acelerar su expansión durante estos cuatro años. Es la cifra que mejor explica por qué el respiro militar no se tradujo en desarme sino en consolidación.
Y la desescalada con el Estado tuvo fecha de vencimiento. El dato de ACLED cubre los primeros veintisiete meses; lo que vino después va en dirección contraria. Según registros del Ministerio de Defensa, las acciones clasificadas como terrorismo pasaron de 742 en 2022 a 839 en 2023, 1,126 en 2024 y 1,398 en 2025: casi el doble en cuatro años. En 2025 murieron más de 190 uniformados en operaciones o ataques de grupos armados.
Conviene leer esa serie sabiendo qué es. “Terrorismo” no es una descripción neutra sino una categoría administrativa que define el propio ministerio, sin conteo independiente que la contraste, de modo que la curva mide a la vez el fenómeno y el criterio con que se clasifica. Y esa advertencia vale para todo este balance: el Estado colombiano no cuenta la violencia con una sola voz. El Ministerio de Defensa y Medicina Legal difieren en el número de homicidios de un mismo año; la Policía dejó de contabilizar en 2019 las muertes en combate, así que sus tasas quedan por debajo de las forenses; para las masacres de 2024 el Gobierno contó 78, INDEPAZ 76 y Naciones Unidas verificó 72; y en cultivos de coca el sistema de la Policía y el de la ONU llegaron casi al mismo número por caminos que el propio Gobierno cuestiona. Ninguna de esas cifras está inventada. Lo que falta es que el Estado se ponga de acuerdo consigo mismo sobre qué está midiendo, y esa falta de sincronía no es un problema estadístico: es un problema de política pública, porque no se corrige lo que no se mide igual dos años seguidos.
Con esa salvedad puesta, la dirección es clara: la confrontación con el Estado no desapareció; cambió de forma, de combate a ataque, y volvió a crecer justo cuando las mesas se rompían.
El riesgo de morir, que es lo comparable
Aquí la elección del indicador decide el veredicto, y conviene explicarla. En cifras absolutas los homicidios aumentaron: el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 14,780 en 2025, el año con más muertes violentas de la última década; el Ministerio de Defensa cuenta menos, 14,038. Pero un país cuya población crece puede sumar más muertos y ser, al mismo tiempo, menos peligroso. Lo que mide el riesgo de morir por violencia homicida —y lo que permite comparar entre años y entre países— es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Medida así, la violencia letal colombiana no se movió. No mejoró ni empeoró. Según los balances anuales de InSight Crime, construidos sobre registros de la Policía Nacional, la tasa fue de 26.8 en 2021, el último año completo de Iván Duque, y de 26.1 en 2022, 25.7 en 2023, 25.3 en 2024 y 25.8 en 2025. Bajó tres años seguidos y repuntó en el cuarto. Un punto de diferencia en un lustro.
Conviene declarar el margen: la serie del Ministerio de Defensa registra 26.4 para 2025 y la califica como la tasa más alta desde 2021, mientras la de InSight Crime la sitúa en 25.8, por debajo de 2022. Las dos coinciden en el repunte final y difieren en su magnitud. Este balance usa InSight Crime por ser comparable con el resto de la región.
Esa meseta es más elocuente que cualquiera de sus extremos. La tasa colombiana llegó a 70 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2002; los 25.8 de 2025 son poco más de un tercio de aquel pico. El descenso de fondo empezó a comienzos de siglo y se sostuvo durante dos décadas bajo gobiernos de signo opuesto, hasta estabilizarse en un nivel que ninguna administración reciente ha logrado mover. Atribuirle a la Paz Total el alza o la baja de esos decimales sería concederle a un gobierno un poder sobre la violencia que los datos no le reconocen a ninguno.
Hay una razón para esa inercia, y explica por qué una mesa de negociación no la toca. La violencia letal colombiana ya es más criminal que política: alrededor de tres de cada cuatro homicidios se vinculan al crimen organizado, a grupos armados ilegales y a la delincuencia común, y el resto a conflictos de convivencia. El sicariato explica cerca del 61 % de los casos y las riñas el 19 %, mientras los ataques atribuidos directamente a grupos armados residuales rondan el 2 %. Buena parte de la disputa es por rentas ilícitas —rutas, extorsión, minería—, no por proyecto político. Una mesa con el ELN no reduce el sicariato en Cali.
En el vecindario continental la comparación es menos amable de lo que parece. La tasa colombiana subió medio punto en 2025, de 25.3 a 25.8, mientras la mediana de América Latina y el Caribe bajaba hasta 17.6. Colombia está hoy unos ocho puntos por encima del promedio de su región, y la distancia se amplió: el país no empeoró mucho, empeoró en una región que mejoró. Ecuador, con 50.9, cerró su año más violento.
Las masacres, y por qué este balance está incompleto
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) —organización del campo de derechos humanos, citada con esa salvedad— define masacre como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, cometido por un mismo autor en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) usa un umbral equivalente. Son civiles no combatientes: no cuenta a quienes mueren armados en combate. Cada masacre se lleva, en promedio, entre tres y cuatro vidas.
El registro de INDEPAZ para el gobierno anterior está cerrado y es la referencia con la que se comparará el actual: entre agosto de 2018 y agosto de 2022 hubo 313 masacres con 1,192 víctimas mortales, y 957 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. El consolidado equivalente del período de Petro se publica al cierre de cada gobierno y todavía no existe.
Lo que sí está publicado apunta en una dirección. En los dos primeros años de cada gobierno, INDEPAZ contó 110 masacres con 447 víctimas bajo Duque y 167 con 554 víctimas bajo Petro: un alza del 51 %. Y 2026 se disparó: 78 masacres con 300 víctimas al 3 de agosto, tantas como en todo 2025 y con más muertos. La tendencia perfila el año como el más violento de la década en este indicador. Afirmar que las masacres no aumentaron ya no es sostenible.
El año 2024 ilustra por qué ninguna cifra debe darse como única. El Gobierno contó 78 masacres, INDEPAZ 76 y el ACNUDH verificó 72 de 89 alegaciones recibidas, con 17 casos no concluyentes y 252 víctimas identificadas. Tres instituciones, tres números, una sola dirección. Cuando el consolidado del cuatrienio se publique, esta parte del balance habrá que ajustarla, y lo decimos ahora porque un balance que no admite su propio margen no es un balance.
Menos gente huyendo, mucha más gente encerrada
Un desplazamiento que baja y un encierro que sube dicen juntos lo que ninguna cifra dice sola. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en 2024 fueron desplazadas 51,623 personas, un 18 % menos que el año anterior. En el mismo período, 138,419 personas quedaron confinadas, un 58 % más. Menos gente huyendo de su territorio y mucha más gente encerrada dentro de él. Es la traducción humana de lo que muestran los datos de conflicto: los grupos armados dejaron de disputarle terreno al Estado y se dedicaron a administrar el que ya controlaban. En ambos casos, alrededor de dos de cada tres personas afectadas pertenecen a Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes.
El Catatumbo y el veredicto
El 16 de enero de 2025 el ELN lanzó una ofensiva en el Catatumbo; el 20 el Gobierno suspendió los diálogos; el 24 declaró el estado de conmoción interior. Según la Defensoría del Pueblo, la crisis dejó al menos 117 muertos y 64,783 personas desplazadas hasta finales de abril. La apuesta mayor de la política de paz terminó administrada con una herramienta de excepción, que es la negación de su propio método.
El veredicto que arrojan los datos: menos guerra contra el Estado en la primera mitad del período, menos desplazamiento y el cese al fuego más largo que aceptó el ELN; y a la vez más territorio bajo control armado, más efectivos ilegales, más gente confinada, la coca en máximo histórico, las masacres al alza y un riesgo de morir por violencia que siguió donde estaba. El ensayo desescaló la guerra que se propuso desescalar, y no logró sostener esa desescalada ni proteger a la población civil. El decreto del Catatumbo reveló, además, que el presupuesto de la fuerza pública había sufrido recortes de entre el 25 y el 47 % entre 2024 y 2025. El sello de las cuentas reapareció como problema de seguridad.
Los fallos que no fueron del adversario
Un balance que solo audita al adversario no sirve para nada, y dos episodios deben quedar registrados con el mismo estándar.
El Ministerio de Igualdad y Equidad cerró en junio de 2026, bajo el propio gobierno que lo creó, tras la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que lo tumbó por vicios de procedimiento en su trámite fiscal, con efectos diferidos. La institucionalidad que debía sostener la agenda de igualdad se cayó por una falla de técnica legislativa propia, no por un ataque externo. El derecho quedó enunciado y desconectado de la oficina que lo hacía ejercible.
El segundo episodio es la denuncia de fraude electoral sin prueba formulada por el propio presidente. Cuando un gobierno progresista pone en duda un escrutinio certificado sin presentar evidencia, no resiste la asimetría: la alimenta. Le entrega al adversario el caso de estudio que venía buscando y debilita el argumento que más necesita el campo democrático, que es el de la validez de las reglas. Se registra como fallo estratégico, no solo como error de estilo.
La forma que dejan los datos
Vistos juntos, los indicadores de este gobierno dibujan una misma curva cuatro veces. La deforestación tocó su mínimo histórico en 2023 y subió los dos años siguientes. La tasa de homicidios bajó hasta su punto más bajo en 2024 y repuntó en 2025. Las masacres cayeron en 2024, se sostuvieron en 2025 y se dispararon en 2026. Y la confrontación con el Estado, que cayó un 28 % en los primeros veintisiete meses, reapareció como ataque armado y casi duplicó su registro hacia el final.
Cuatro indicadores distintos, medidos por instituciones distintas, tocan fondo entre 2023 y 2024 y se deterioran después. Que las curvas coincidan no prueba que compartan causa —y este balance no lo afirma—, pero la coincidencia es demasiado nítida para no nombrarla: el gobierno alcanzó sus mejores números a mitad de camino y no logró sostenerlos.
Eso desplaza la pregunta. La discusión pública se va a organizar alrededor de si la apuesta era buena o mala; lo que los datos sugieren es que el problema estuvo menos en la apuesta que en la capacidad de mantenerla cuando las condiciones se endurecieron: cuando el Congreso dejó de acompañar, cuando el crédito se encareció, cuando las mesas se rompieron. Un proyecto que produce sus mejores resultados temprano y los pierde después no necesita otro programa. Necesita lo que no tuvo.
Lo que queda en pie
Desde el 7 de agosto de 2026 gobierna Colombia una coalición que rechaza casi todo lo anterior. Ese hecho no borra nada de lo consignado aquí.
Las 1,200,000 personas que salieron de la pobreza no vuelven a entrar por decreto. El salario mínimo se hereda en su nivel, no en su promesa. La jornada de 42 horas ya está en la ley. Los bosques que no se talaron siguen ahí. Rebecca Solnit sostiene que la esperanza no es optimismo sino disciplina: la constancia de sostener lo conseguido mientras las condiciones cambian. Lo conseguido es la parte del balance que ya no depende de quién gobierne, salvo que alguien la desmonte.
Y queda algo más, que casi nadie está contando junto: la coalición sobrevivió a la derrota. En las legislativas de marzo de 2026, con la participación más alta desde 1990, el Pacto Histórico se convirtió en la bancada más grande del país —25 curules en el Senado, más la de oposición que ocupa Iván Cepeda, y 41 en la Cámara—, creció frente a 2022 y ganó en 12 de los 32 departamentos. Días antes, el Consejo Nacional Electoral había aprobado su fusión con Colombia Humana: la coalición dejó de ser coalición y pasó a ser partido. Perdió la Presidencia y consolidó una estructura política que antes no existía. Es la primera vez que la izquierda colombiana entra a la oposición desde una posición de fuerza institucional, y no desde la marginalidad o el exilio.
Esa es la tarea que empieza ahora: no discutir si el gobierno fue bueno o malo, sino vigilar cuál de los dos lados de la moneda se usará de aquí en adelante para justificar lo que venga. Cuando el ajuste llegue en nombre de las cuentas, la pregunta que hay que sostener en alto es qué pasa, mientras tanto, con la vida de la gente.
Y seguimos.