Media hora

Treinta minutos de calistenia al día, en el pasillo del propio módulo. Así concreta el Decreto 208-2026 de Honduras lo que su propio texto llama “derecho a sol y patio”. El sol tiene su propio límite en la misma cláusula: una hora a la semana como máximo, a solas o con una persona más, bajo vigilancia.

La prensa regional presentó el decreto como la adopción hondureña del modelo carcelario de Bukele. Leído despacio, el artículo 9 es un inventario de lo que se quita. Celda individual. Una llamada al mes, de diez minutos, grabada. Visitas familiares por excepción, con autorización previa y detrás de un vidrio. Ninguna visita íntima. Ropa con el régimen impreso a la vista. Al juez lo verá en una pantalla, porque las audiencias serán solo virtuales.

Hice la cuenta. Un día tiene 1,440 minutos. En uno sin la hora semanal de sol, 1,410 transcurren dentro de la celda. Es el 97.9 % del día.

El encierro como castigo es casi tan viejo como el castigo mismo. En la Roma antigua, recuerda el jurista Lenin Méndez Paz, la cárcel se construyó para retener a los procesados mientras esperaban la pena. El derecho canónico la convirtió en pena en sí misma: castigo del pecado, cumplido en un monasterio.

Lo que tiene fecha y dirección es la soledad convertida en método. En 1787, según el mismo autor, la Sociedad de Prisiones de Filadelfia pidió el aislamiento celular para unos presos que se amontonaban de veinte o treinta por celda. El régimen que salió de ahí encerraba a cada persona sola, de día y de noche, durante toda la pena, sin más visitas que las del director, el maestro, el capellán y los socios de la Sociedad. La soledad debía servir para que el preso reflexionara, “a modo de penitencia”, y la meta era reconciliarlo con Dios y con la sociedad.

El derecho penitenciario, recuerda Méndez Paz, nació ligado al castigo, la penitencia, la retribución y la venganza, y de ahí tomó su nombre la penitenciaría. De esa lista, la penitencia es la única que supone a alguien que se arrepiente, se enmienda y vuelve.

Tampoco quiero idealizar a los cuáqueros. Encerrar a alguien en silencio durante años para que encuentre a Dios es una crueldad que se creía caridad. Al principio ni siquiera dejaban trabajar a los presos, para no distraerlos de sus reflexiones. Aun así, aquella celda decía algo sobre la puerta: quien entraba tenía que salir distinto, y alguien esperaba recibirlo del otro lado.

El decreto hondureño menciona la rehabilitación una sola vez, de paso, en una lista de actividades sujetas a control estricto. El propósito que declara en su considerando es otro: “aislamiento e incomunicación efectiva”.

Y el régimen lleva su intención en el nombre: Régimen Especial de Permanencia.

La celda de Filadelfia se pensó como un trayecto. La de 2026 se llama a sí misma permanencia. Entre una palabra y la otra cabe lo que le pasó a la cárcel en esta región.

Una promesa en la letra

La Constitución salvadoreña todavía guarda la promesa. Su artículo 27 encarga al Estado organizar las cárceles para corregir y educar a quienes delinquen, formarles hábitos de trabajo y procurar su readaptación. En marzo de este año, la Asamblea Legislativa ratificó con 58 votos, los de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) incluidos, la reforma de ese mismo artículo que admite la cadena perpetua y alcanza también a la Ley Penal Juvenil. El inciso que promete readaptar sigue ahí, un renglón debajo del que permite el encierro para siempre.

La hondureña lo resuelve en dos líneas. Su artículo 87 define las cárceles como establecimientos de seguridad y defensa social, y agrega: “Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”. Las Reglas Nelson Mandela, que Naciones Unidas aprobó en 2015, atan los fines del encierro a la reinserción de quien sale.

Las mismas Reglas ponen números. Piden al menos una hora diaria de ejercicio al aire libre. Llaman aislamiento a pasar 22 horas o más sin contacto humano apreciable, y lo reservan para casos excepcionales, como último recurso y por el menor tiempo posible. Tienen además una frase que parece escrita para el caso hondureño: el aislamiento “no se impondrá a un recluso en virtud de su condena”. El decreto ofrece media hora en un pasillo, rebasa el umbral de las 22 horas desde el primer día y dura lo que determine la resolución judicial.

Esa resolución puede ser de prisión preventiva. El régimen alcanza por igual a condenados y procesados, siempre que se trate de personas “declaradas o identificadas” como miembros de una asociación terrorista o de una mara, y el texto no explica cómo se llega a esa identificación. Quien todavía no ha sido juzgado entra al mismo pasillo que quien ya lo fue, aunque la regla 111 exige tratarlo de acuerdo con su presunción de inocencia. Méndez Paz tiene un nombre para eso: “pena adelantada”.

Más de cuatro años de régimen de excepción en El Salvador ya enseñan lo que el decreto hondureño calla. Un abogado le explicó a Human Rights Watch (HRW) cómo se llega a la identificación: “La fiscalía dice que una persona es pandillera porque un policía lo dice”. El mismo informe mide cuánto dura la pena adelantada: más del 90 % de las personas presas lleva años esperando un juicio.

En El Salvador, la readaptación sobrevive como mano de obra. En la cadena nacional del 5 de julio de 2024, Osiris Luna, director general de Centros Penales, describió un plan de rehabilitación basado por completo en el trabajo de los presos, pensado para que las cárceles se sostengan solas y reparen el daño. El plan era para los reos que su clasificación considera no peligrosos. Para el otro extremo, el asesino en serie, “no queda más que meterlo a la cárcel para siempre”.

La letra sigue prometiendo. A quién le cumple lo decide una etiqueta.

Lo que no se decía

Méndez Paz escribió en 2008 un párrafo que hoy se lee como guión de campaña. Detrás de la pena de prisión, dice, operan funciones que el discurso oficial no reconoce por miedo a sus efectos políticos. Una es vindicativa y de “cobertura ideológica”: transfiere la responsabilidad y justifica al Estado. Otra consiste en que “se aprovecha y utiliza el dolor de las víctimas”. Más adelante describe cómo la prisión convence al público de que el preso es el único responsable de todo, y enumera las etiquetas que se le cuelgan: desviado, anormal, malo, parásito.

Todo el párrafo descansa en un verbo: esconder. Esas funciones se callaban porque decirlas costaba votos.

El 24 de febrero de 2023, con el primer traslado de presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador difundió las palabras de su titular, Gustavo Villatoro: los trasladados “pagarán por lo que son”. La función que Méndez Paz describía como oculta llegó en comunicado oficial, y con ella una vara nueva para medir la pena. Una condena por un delito se cumple. Lo que alguien es no tiene fecha de salida.

En Honduras, la etiqueta tiene ahora procedimiento. El Decreto 84-2026 entregó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la facultad de determinar qué organización es terrorista. En agosto, nueve mandatos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas escribieron al Estado hondureño para advertir que esas designaciones carecen de criterios y de revisión, y que el derecho internacional distingue el crimen organizado del terrorismo. La palabra terrorista hace el trabajo que Méndez Paz atribuía a parásito, con una diferencia: ahora decide quién entra al régimen.

Escudo de las Américas: una lista, un mapa y una coartada para matar sin ley

La etiqueta tiene una segunda dirección, y apunta a quien objeta. José Miguel Cruz documentó en 2000 que en El Salvador una campaña de dirigentes políticos vinculados a los regímenes militares había culpado de la delincuencia a las reformas garantistas de la posguerra. En 1998, un poco más del 75 % de las personas encuestadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) estuvo de acuerdo con que los “derechos humanos favorecen a los delincuentes”. La sospecha contra quien defiende derechos tiene al menos veintiocho años en el país. El oficialismo de hoy la heredó de sus adversarios de ayer.

Esa sospecha ya tiene lugar en la sala de audiencias. HRW documenta que los fiscales amenazan con procesar a los familiares, vecinos o empleadores que declaran a favor de un acusado. Un abogado contó lo que les dicen antes de interrogarlos: “Deje de andar defendiendo pandilleros”. En 1998 la sospecha cabía en una pregunta de encuesta. Ahora la Fiscalía la dice en voz alta, en plena audiencia.

Mandarlo al CECOT

El método se ensayó antes del régimen de excepción. En abril de 2020, en plena cuarentena por covid-19, Human Rights Watch documentó que 4,236 personas estaban retenidas en 87 centros de contención, entre ellas quienes habían violado el encierro domiciliario. En marzo de 2022 empezó el régimen de excepción, prorrogado desde entonces mes con mes. En julio de 2024, el turno fue de los comerciantes.

En aquella cadena nacional, Bukele les recordó a los grandes comerciantes de alimentos que estaban fichados por evasión fiscal, sobornos y contrabando, delitos que llevan a la cárcel. Después hizo explícita la comparación: les haría el mismo llamado que a las pandillas en 2019, cuando les dijo “paren de matar o no se quejen después”. A los comerciantes les pidió que bajaran los precios de los alimentos.

Esa noche dijo algo más. Antes, explicó, en el gobierno estaban ocupados con las pandillas y no tenían tiempo para esos otros delitos. “Pero ahora sí tenemos tiempo”. El expediente ya existía; faltaba la decisión de abrirlo.

En mayo de 2025 les tocó a los transportistas que no sacaron sus unidades luego de un anuncio en X sin respaldo legal. Bukele les escribió en Facebook que se creían todavía en los tiempos de ARENA y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y remató: “Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar”. Miranda, empresario del transporte, había sido capturado en marzo de 2022, y murió poco después de ser liberado por razones humanitarias. La amenaza ya no necesitaba describir la cárcel. Le bastaba un nombre.

La conversación digital aprendió la lección. En su informe Daily Pulse del 30 de septiembre, Stratigo analizó cómo se usa en redes la expresión “mandarlo al CECOT”. De las posturas que examinó, el 36.94 % reserva el penal para pandilleros, narcotraficantes o asesinos, y el 39.49 % lo extiende a personas consideradas indeseables, aunque no se les atribuya un delito equivalente. Apenas el 23.57 % condiciona el envío a garantías de culpabilidad. En el 30.65 % de los usos, la frase lleva el deseo de que alguien sufra adentro; en el 16.13 %, es una amenaza contra adversarios o figuras públicas.

Los porcentajes se calculan sobre mensajes. Aun así, dibujan un desplazamiento que ninguna propaganda habría logrado sola: el nombre de una cárcel convertido en refrán cotidiano para amenazar al vecino, al opositor o al extranjero. En mercadotecnia, a eso se le llama marca: un nombre que resume una política entera y que cualquiera puede usar contra cualquiera, sin pagar regalías.

La subasta: ¿quién lo hace peor?

La marca viajó y, en el camino, se volvió promesa de campaña. Las promesas compiten entre sí y se miden siempre contra el mismo original.

En agosto de 2023, el candidato Daniel Noboa propuso alquilar barcazas para encerrar a los presos más violentos de Ecuador a 80 millas náuticas de la costa, entre 300 y 400 por embarcación. Menos de un año después, ya como presidente, su propio sistema penitenciario descartó la idea y optó por construir en tierra. La Cárcel del Encuentro, con 736 plazas, recibió a sus primeros presos el 11 de noviembre de 2025, en la semana previa a un referéndum en el que Noboa pedía convocar una asamblea constituyente.

En Colombia, Abelardo de la Espriella prometió diez megacárceles construidas y administradas por empresas privadas, con concesiones de cincuenta, setenta u ochenta años, tan aisladas que no entrara “ni siquiera la señal de la Santa Cruz”. Cuando le preguntaron por el parecido con Bukele, lo confirmó. Ya en 2023 había ido más lejos: “Bukele sería un boy scout al lado mío”. Gobierna desde el 7 de agosto, y a finales de septiembre su gobierno pidió terminar cuanto antes una cárcel de 1,974 cupos en el Magdalena.

En Chile, José Antonio Kast presentó en julio de 2025 su Plan Cancerbero, con aislamiento total de los cabecillas según el modelo italiano y 100,000 plazas nuevas en cuatro años. Ya en el gobierno, la meta bajó a 40,000, y su ministro de Justicia dijo no recordar la cifra de campaña.

En Estados Unidos, Donald Trump anunció en mayo de 2025 que reabriría Alcatraz, y en julio recorrió en los pantanos de Florida un centro para migrantes bautizado Alligator Alcatraz: “Vamos a enseñarles a huir de un caimán si escapan”. Antes, en marzo, su gobierno había enviado al CECOT a 238 venezolanos. La referencia se volvió también destino.

Vista junta, la lista parece un concurso. Una barcaza en alta mar, una isla penal cerrada hace más de seis décadas, una cárcel donde no entra la señal de un santo, un pantano con caimanes por muralla. Cada promesa se mide contra el CECOT y trata de superarlo en lejanía o en espectáculo. Varias no se cumplieron, o se cumplieron a medias, y da igual: la promesa ya hizo su trabajo en la campaña. Lo que se vende es la imagen de la crueldad. La cárcel, cuando llega, es un accesorio. Y eso es lo que se vota.

El concurso tampoco distingue ideologías. En marzo, en Izabal, Bernardo Arévalo, elegido en Guatemala con una bandera anticorrupción, colocó la primera piedra de El Triunfo, una cárcel de máxima seguridad para más de 2,000 presos. La llamó “un triunfo de la justicia sobre el crimen”. Los detalles de la obra, en cambio, el Ministerio de Gobernación los mantiene en reserva.

La subasta llegó también a Costa Rica, el país que abolió su ejército en 1948 y que en el Latinobarómetro de este año registra el respaldo más alto de la región a la mano dura, el 89 %. El 14 de enero, a dos semanas de las elecciones presidenciales, Bukele colocó junto al entonces presidente Rodrigo Chaves la primera piedra del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una cárcel de 5,100 plazas y unos 35 millones de dólares. En la conferencia de prensa descartó la alternativa: hay quienes hablan de invertir en educación y oportunidades para los niños, “pero eso es antes de que el problema empiece”.

Laura Fernández, la heredera política de Chaves, ganó la presidencia. A comienzos de octubre anunció que inaugurará la cárcel el día 14 y explicó por qué: “Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad”. Y agregó: “Por eso lo prometimos”. Méndez Paz había descrito esa operación en 2008: el dolor de las víctimas, aprovechado. Bukele asesoró la obra y su gobierno, según The Tico Times, donó los planos. La marca ya no solo se imita. Se exporta.

Vitrina y bodega

En un reportaje de RTVE de marzo de 2023, Villatoro definió el CECOT como “el monumento más grande que haya hecho este país a la justicia”. Arévalo usaría la misma palabra tres años después, en Izabal. Méndez Paz habría elegido otra: la llama función vindicativa. Y un monumento se construye para ser visto.

El CECOT se ve. Según cifras de Amnistía Internacional y de un observatorio de la Universidad Centroamericana, en marzo de 2025 estaba al 37 % de su capacidad: unas 14,820 personas en 40,000 plazas. El resto del sistema penitenciario estaba al 322 %, con unas 99,410 personas en 30,864 plazas. La vitrina tiene espacio de sobra. La bodega desborda.

Lo que ocurre en la bodega se cuenta en otro registro. Según la organización Cristosal, citada por HRW, al menos 513 personas han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción.

En abril, la vitrina sumó el juicio. Periodistas de la agencia France-Presse presenciaron en la sala principal del CECOT una audiencia masiva contra unos 220 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. Lo que no se exhibe es el expediente. Según HRW, los jueces les niegan a los abogados el acceso a los expedientes alegando que los casos están “bajo reserva”, y la identidad de esos jueces no se revela ni siquiera a la defensa. HRW pidió a la Fiscalía el número total de condenas y de personas en detención provisional. La respuesta fue que la información “no fue encontrada”. Se muestra la audiencia. Se reserva el expediente.

Para nombrar estos juicios, el gobierno buscó un antecedente más alto que el monumento. El 22 de abril, Bukele respondió en X a Kenneth Roth, exdirector de HRW, que había calificado de injusto el proceso contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha. Lo defendió con la doctrina de la responsabilidad de mando y recordó que se aplicó en los juicios de Núremberg. Aquel tribunal dejó escrita otra regla al juzgar a las organizaciones del régimen nazi: “la culpa penal es personal” y “deben evitarse los castigos masivos”. La sola pertenencia, agregó, no basta. En las acusaciones que revisó HRW, la mayoría de los acusados figura como “colaborador” o “poste”.

^{El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Las imágenes oficiales del suelen tener ambición de espectacularidad publicitaria. Tomada de las redes de la Presidencia de El Salvador.}

Honduras importa la vitrina sobre una bodega propia, y sobre un electorado dispuesto: el 69 % dice que no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas. El 24 de septiembre, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el Estado había incumplido una alerta temprana emitida en 2023, describió un control interno de los penales “históricamente delegado a las propias personas privadas de libertad” y sumó los muertos de cuatro tragedias carcelarias entre 2003 y 2023: 584.

La respuesta legal ya estaba escrita. El Decreto 84-2026 declaró la infraestructura penitenciaria asunto de seguridad nacional y autorizó la contratación directa y la emisión de bonos de deuda para construirla. Los relatores de Naciones Unidas recordaron que, en Centroamérica, la construcción acelerada de grandes cárceles para estructuras designadas como terroristas “ha estado asociada a un mayor riesgo de hacinamiento, aislamiento prolongado y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El jurista lo había descrito hace casi dos décadas. La prisión reproduce el delito, y ante esa reproducción se reclaman “más cárceles”. Así se convierte en “fábrica de delincuentes”. En esa lógica, el fracaso de la cárcel se vende como argumento para construir más cárcel.

Honduras también muestra que el producto no tiene un solo partido. El régimen de excepción lo decretó en diciembre de 2022 el gobierno de Xiomara Castro, que llegó al poder como alternativa de izquierda tras doce años de gobiernos del derechista Partido Nacional. Su decreto suspendió garantías constitucionales y facultó a la Policía para detener a quien ella “determine y considere” vinculado a una estructura criminal, en una lista de sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Juzgarlo con la misma vara obliga a decir que la izquierda hondureña también compró. Un dato para la historia es que Bukele respaldó veladamente a Castro durante su campaña de 2021 contra Nasry Asfura, del partido de Juan Orlando Hernández. Cuatro años después, Asfura ganó las presidenciales de 2025, y asumió el cargo en enero de 2026.

Lo saben muy bien

Volvamos al reportaje de RTVE. La frase completa de Villatoro empieza así: “Sé que son imágenes que molestan, que chocan, pero...”.

Todo el método cabe en ese “pero”. El ministro reconoce de entrada lo que cualquier crítico diría y lo deja de lado en la misma oración.

Bukele hizo el mismo movimiento en noviembre de 2024, en Costa Rica, después de visitar una cárcel con el entonces presidente Rodrigo Chaves. Ante la prensa admitió que su gobierno ya había liberado a 8,000 personas inocentes y prometió liberar al 100 % de los inocentes. Explicó que ninguna policía es perfecta. El régimen de excepción siguió prorrogándose mes tras mes.

En El sublime objeto de la ideología, Slavoj Žižek parte de la fórmula con la que Marx describía la ideología, “ellos no lo saben, pero lo hacen”, y la contrasta con la que toma de Peter Sloterdijk para describir la razón cínica: “ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así, lo hacen”. Ante ese cinismo, advierte Žižek, la crítica tradicional de la ideología deja de funcionar. Desenmascarar sirve de poco cuando nadie se ha puesto máscara.

La consecuencia es incómoda para quienes criticamos el modelo. Mostrar las imágenes del traslado para denunciarlo repite la campaña con otra voz en off. El gobierno ya dijo que molestan, y las difundió de todos modos.

Queda la audiencia, que también sabe. ¿Por qué alguien que sabe lo que pasa en el CECOT lo apoya de todos modos? La respuesta fácil es la manipulación, y Méndez Paz la usa. Prefiero la de Cruz, que la midió con encuestas. En 2000 escribió que el riesgo más plausible para las democracias latinoamericanas era que “los ciudadanos mismos aprueben el regreso del autoritarismo”. En un estudio comparado de siete ciudades encontró que, en la mayoría, las víctimas de la violencia justificaban con más frecuencia las limpiezas sociales, la justicia por mano propia y las acciones extrajudiciales de la policía. En 2003, con más de 6,700 encuestas en Centroamérica, afinó el perfil: quienes han sufrido una y otra vez violencia común, impredecible y repentina pueden sentirse atraídos por respuestas autoritarias.

Latinobarómetro hace la misma pregunta desde 1995: si un poco de mano dura del gobierno viene mal o no. Ese año, el 59 % de la región respondió que no viene mal. En la medición de 2026, publicada el 2 de octubre, es el 63 %. En El Salvador llega al 86 % y en Honduras, al 73 %. El informe sostiene que las actitudes autoritarias de la región precedieron a las transiciones democráticas. La demanda estaba ahí antes de que alguien la convirtiera en marca.

Quien ha pagado extorsiones durante quince años, o enterró a un hijo, no necesita que le expliquen lo que pasa en el CECOT. En El Salvador, además, el recibo tiene respaldo: el 75 % cree que se está ganando la batalla contra el crimen organizado, y la mención de pandillas o crimen organizado en el lugar donde se vive bajó del 41 % en 2020 al 9 % este año. Para esa mayoría, la crueldad exhibida funciona como comprobante de que el Estado, por fin, se puso de su lado. El costo lo pagan otros: los que están adentro y sus familias. El dolor es legítimo. Lo que el jurista llamó aprovechamiento es el uso que se hace de él.

La razón cínica tiene dos lados. El gobierno sabe y lo hace. La audiencia sabe y lo aplaude. Los dos saben que el otro sabe.

La tarea de la memoria

Las familias organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) salieron a protestar con diplomas escolares, arraigos y solvencias policiales de sus parientes presos. Un diploma no prueba la inocencia de nadie. Recuerda que quien está preso tuvo una vida antes de la etiqueta. MOVIR denuncia juicios grupales contra personas “a quienes no se les ha comprobado ningún delito de forma individual”. La frase es casi técnica, y en un país donde defender derechos se lee como defender delincuentes, la precisión también protege.

En agosto, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas llevó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley con un lema que no necesita glosa: “Ninguna familia debería tener que buscar sola”.

Alrededor de ellas, el expediente crece. Amnistía Internacional publicó en julio «Seguridad» sin derechos. Los relatores de Naciones Unidas firmaron su carta a Honduras en agosto. El CONADEH puso por escrito el incumplimiento de su propia alerta. El Faro, que en 2023 trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica, sigue publicando desde ahí lo que ocurre en El Salvador. Ese archivo se está escribiendo ahora, mientras la vitrina sigue abierta al público.

Un nombre es una promesa

Los relatores no se limitaron a objetar. Pidieron que las designaciones de organizaciones terroristas se revisen cada seis meses y caduquen a los doce. Es una propuesta modesta, casi administrativa. Le devuelve a la etiqueta lo que el Decreto 84 le quitó: una fecha de vencimiento.

Y el mismo país que convirtió el nombre de una cárcel en verbo tiene otra cara en los datos. En el sondeo de Stratigo, el 53.89 % dijo que le preocupa mucho que haya personas detenidas injustamente; el 22.01 % respondió que poco y el 24.10 %, nada. El propio informe advierte que no puede afirmarse que sean las mismas personas que piden mandar a otros al CECOT.

Hace veintiséis años, Cruz advirtió que el riesgo más plausible para la democracia vendría de los ciudadanos mismos. Su encuesta medía actitudes. Lo que vino después fueron votos.

Un ministro puede llamar justicia a una cárcel, pero el nombre solo se queda si alguien lo vota y lo repite en la conversación de todos los días. Quien vota esa promesa sabe lo que compra, y su dolor, que es real, le da motivos. Su voto es una firma: el gobierno pone el nombre y el elector lo rubrica.

El 2 de octubre, Latinobarómetro, que mide la región desde 1995, describió lo ocurrido en El Salvador sin el vocabulario del gobierno: un país desilusionado de la democracia eligió “un presidente que elimina la violencia con violencia de Estado”. Es la misma cárcel, nombrada desde afuera.

Las familias de MOVIR usan la palabra justicia para otra cosa. Piden que se pruebe, persona por persona, qué hizo cada quien antes de castigarlo. Es la justicia que exige una prueba antes de la pena.

El 7 de octubre, esa demanda recibió un diseño. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, describió un sistema “diseñado para condenar a cientos de personas a la vez” y que opera “sin ningún mecanismo que permita distinguir entre inocentes y culpables”. HRW pidió crear ese mecanismo: una instancia independiente que revise cada caso y libere a quien esté preso sin pruebas suficientes y creíbles.

En Filadelfia, la celda prometía el cumplimiento de una penitencia para salir distinto, mejor, por la puerta. Ahora la palabra justicia esta siendo usada por los carceleros para mantener la puerta cerrada. Sin embargo, las víctimas no renuncian a la misma palabra para pedir que se abra.

La justicia, en fin, no cabe en simplificaciones falaces. Es una idea compleja. Es frágil en el papel. Es críptica en su lenguaje. Es conflictiva con el sentido común. Es parcial, como bien lo explica el jesuita Jon Sobrino hablando del profeta Amos, que hace milenios intuía la justicia como "inseparable de la ética social, la defensa de los vulnerables y el rechazo a la hipocresía religiosa." La justicia es siempre perfectible, es susceptible a la perversión, es humana. Pero nuca es, ni debe ser, venganza.

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Bibliografía y referencias
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Bukele, N. (2025, 5 de mayo). Publicación sobre los transportistas y Catalino Miranda, Facebook, https://www.facebook.com/nayibbukele/posts/pfbid02UgaUXsjdnwLaiHGCKcHjTVV8qDHf8yU5ZSDztdBBrN8fS9gRxCHeP1PHtnK5QLbwl
Bukele, N. [@nayibbukele]. (2026, 22 de abril). [Respuesta a Kenneth Roth sobre el juicio contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha] [Publicación en X]. X. https://twitter.com/nayibbukele/status/2047081240315269605
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El Colombiano. (2026, 29 de septiembre). Así es la megacárcel que Abelardo ordenó terminar pronto: ¿cuántos cupos tendrá? https://www.elcolombiano.com/colombia/megacarcel-renacer-magdalen-cupos-como-es-KH41649762
El Diario de Hoy. (2026, 26 de agosto). “El Salvador es una fosa”: familias exigen respuestas [Fotogalería]. https://www.eldiariodehoy.com/fotogalerias/familias-demandan-respuestas-y-medidas-concretas-al-estado-por-desaparecidos/91078/2026/
El Diario de Hoy. (2026, 3 de julio). MOVIR denuncia: “No queremos juicios con pandilleros” [Fotogalería]. https://www.eldiariodehoy.com/fotogalerias/movir-denuncia-audiencias-masivas-juicios-pandilleros/83715/2026/
El Faro. (2023, abril). El Faro se cambia de casa. https://elfaro.net/es/202304/columnas/26804/el-faro-se-cambia-de-casa
El Faro. (2026, marzo). Catalino Miranda, dos años antes de su muerte: “pagué $35,000 para salir de la cárcel y estar en este hospital”. https://beta.elfaro.net/titulares/catalino-miranda-dos-anos-antes-de-su-muerte-pague-35000-para-salir-de-la-carcel-y-estar-en-este-hospital-pozjbfjf
Human Rights Watch. (2020, 15 de abril). El Salvador: Abusos policiales en la respuesta a la Covid-19. https://www.hrw.org/es/news/2020/04/15/el-salvador-abusos-policiales-en-la-respuesta-la-covid-19
Human Rights Watch. (2026, 7 de octubre). El Salvador: Juicios masivos, una burla a la justicia. https://www.hrw.org/es/news/2026/10/07/el-salvador-juicios-masivos-una-burla-a-la-justicia
Infobae. (2026, 26 de marzo). Abelardo de la Espriella prometió construir diez mega cárceles y eliminar el Inpec: de dónde saldría la plata. https://www.infobae.com/colombia/2026/03/26/de-la-espriella-propone-diez-mega-carceles-concesionadas-y-eliminar-el-inpec-para-enfrentar-la-crisis-carcelaria-en-colombia-asi-se-van-a-financiar/
Infobae. (2026, 27 de marzo). El presidente de Guatemala inaugura la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad del país. https://www.infobae.com/america/agencias/2026/03/27/el-presidente-de-guatemala-inaugura-la-construccion-de-la-primera-carcel-de-maxima-seguridad-del-pais/
La Hora. (2026, 6 de octubre). Así es la segunda megacárcel de Centroamérica que comienza a funcionar en octubre. https://lahora.gt/internacionales/hloarca/2026/10/06/asi-es-la-segunda-megacarcel-de-centroamerica-que-comienza-a-funcionar-en-octubre-now/
La Prensa Gráfica. (2022, 12 de marzo). [Nota sobre la captura de Catalino Miranda].
La Prensa Gráfica. (2026, 5 de octubre). “Está lista”: Costa Rica concluye la construcción de su “megacárcel”. https://www.laprensagrafica.com/internacional/esta-lista-costa-rica-concluye-la-construccion-de-su-megacarcel-20261005-0052.html
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