La lancha

Eran cuatro. Iban en una lancha rápida por el Caribe el 19 de septiembre de 2026, y eso es casi todo lo que se sabe de ellos. No se conocen sus nombres ni su nacionalidad. Tampoco se sabe qué transportaban. Lo único que se publicó sobre ellos es la palabra con la que el Comando Sur de Estados Unidos anunció su muerte: "narcoterroristas".

Fue el ataque número 70 desde el 2 de septiembre de 2025, cuando Washington empezó a destruir embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. La cuenta de muertos llegaba a 234. De los muertos contados hasta comienzos de septiembre, apenas 26 tenían un nombre propio conocido. Los demás existen solo en los comunicados, convertidos en categoría.

Esos ataques no son operaciones del Escudo de las Américas. Empezaron seis meses antes de que la coalición existiera y no dependen de ninguna autorización multilateral. Washington decide, ejecuta y comunica por su cuenta. Pero son la escena que el Escudo narra. Muestran lo que la doctrina hace cuando nadie le pone límites, y el Escudo es el esfuerzo por convertir esa demostración en norma regional.

Tres días después de la lancha, Donald Trump subió al estrado de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental", dijo. "Como ISIS, habría que matarlos, exiliarlos o detenerlos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación, que es lo que estamos haciendo." En el mismo discurso anunció que, si era necesario, Estados Unidos usaría su poderío militar para proteger sus intereses vitales en la región.

Dos frases, pronunciadas en el edificio construido para que los conflictos entre Estados pasaran por el derecho. La primera frase dice a quién se puede matar. La segunda dice dónde. Juntas explican el Escudo de las Américas mejor que cualquiera de sus comunicados.

Un escudo para una doctrina

La doctrina tiene documento fundacional. En noviembre de 2025, la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca anunció que Estados Unidos volvería a hacer cumplir la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio, y llamó a ese giro "corolario Trump". Un tabloide neoyorquino ya había acuñado un apodo, y el propio presidente lo adoptó después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero de 2026: "Doctrina Donroe".

Para entonces la doctrina tenía un manifiesto y una demostración. Le faltaba el consentimiento. El Escudo de las Américas nació para crear ese consentimiento el 7 de marzo de 2026, en el club de golf de Trump en Doral, Florida. Doce mandatarios latinoamericanos y caribeños posaron alrededor del dueño del club, y diecisiete países se adhirieron ese día. El Brasil de Lula, el México de Sheimbaum y la Colombia de Petro no fueron invitados. Entre los tres suman más de la mitad de la población de América Latina.

El dispositivo tiene dos caras, y la menos visible es la más importante.

La primera es logística. Sobre el papel, los compromisos suenan técnicos: cooperación contra el crimen organizado, inteligencia compartida, entrenamiento, equipamiento. La proclamación presidencial que le dio forma es más franca. Dice que Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios, y en Doral Trump llamó al grupo una coalición militar. En la práctica pide abrir el territorio, el espacio aéreo y las aguas nacionales a la presencia militar estadounidense. Pide autorizar de antemano una intervención que, de otro modo, habría que negociar caso por caso o imponer por la fuerza. Pide ceder porciones de soberanía para que el poderío recientemente anunciado en Nueva York desde la tribuna de Naciones Unidas tenga dónde aterrizar sin forzar la puerta.

La segunda cara es narrativa, y empieza por el nombre. Un escudo es el objeto defensivo por excelencia. Nadie ataca con un escudo, a menos que sea el Capitán América. El nombre suena a película de Marvel, y el logotipo presentado en Doral lo confirma: un escudo rojo que enmarca un mapa dorado del continente, con franjas rojas, blancas y azules debajo. En la proclamación presidencial, la iniciativa lleva un nombre más árido, Coalición de las Américas contra los Cárteles. La coalición es el contenido y el escudo es la marca. Bautizar así una arquitectura de intervención convierte la ofensiva en protección y al interventor en guardián. El nombre dice además "de las Américas", en plural, como si hablara por un continente. Los gobiernos firmantes prestan esa voz. Washington deja de aparecer como quien impone una doctrina y pasa a aparecer como quien responde a un llamado.

El 22 de septiembre, horas después de su discurso, Trump reunió en Nueva York a los gobiernos del Escudo, con Marco Rubio a su lado. Estuvieron Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, el guyanés Irfaan Ali, Nasry Asfura, el paraguayo Santiago Peña, Keiko Fujimori y el dominicano Luis Abinader. Colombia envió a su nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el canciller de Costa Rica se mandó solo, por lo que fue destituido dos días después. Quince gobiernos suscribieron ahí una declaración de sanciones coordinadas contra 24 grupos criminales, desde la Mara Salvatrucha hasta Los Tiguerones de Ecuador. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para miembros, asociados y simpatizantes, y responsabilidad penal para quien, a sabiendas, les preste apoyo material, incluido el logístico. La lista rige, dice la declaración, como sea que cada país llame a esos grupos. El nombre local deja de importar. Manda la etiqueta común. El mismo texto incluye entre sus acciones asistencia "en mensajes" para defender la voluntad popular: el relato forma parte del programa. Trump pidió designar formalmente a los "narcoterroristas" como amenaza común. El verbo decisivo es designar. El producto más duradero del Escudo será, probablemente, una lista compartida de quiénes pueden morir.

En esa sala, la cara logística se quitó el disfraz. "Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", dijo Trump al abrir el encuentro. Enseguida describió el procedimiento: "Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes". Ahí cabe el dispositivo entero. El aliado señala y Washington ejecuta. Si el aliado prefiere ejecutar solo, mejor todavía, porque entonces la muerte lleva bandera local.

Firmantes diestros

Vista en un mapa, la lista de firmantes coincide casi punto por punto con el giro político de la región en los últimos años. Bukele en San Salvador, Milei en Buenos Aires, Noboa en Quito, Kast en Santiago y Asfura en Tegucigalpa comparten un vocabulario de mano dura y una lectura del mundo con Washington en el centro.

Para algunos, el Escudo funciona más como aval que como alianza. En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta de junio por menos de un punto porcentual, con el respaldo público de Trump. En Perú, Keiko Fujimori llegó a la presidencia por un margen mínimo, tras un conteo que tardó semanas en cerrarse. Un mandato frágil en casa necesita un amigo poderoso afuera, y pocos amigos son tan visibles como la Casa Blanca. En Nueva York, Trump presumió ante sus socios de haber influido en las victorias electorales de algunos de ellos. Fujimori le respondió que Perú se había sumado al Escudo "con gran determinación y entusiasmo". Firmar es una forma de decirle al electorado propio, y a la oposición, que el gobierno tiene respaldo y es el más poderoso.

Otros firman por una razón más simple y más antigua. La dependencia de Estados Unidos es demasiado grande en todos los sentidos. En varios países centroamericanos, las remesas sostienen una parte enorme de la economía. Las exportaciones cuelgan de la amenaza permanente de un arancel. La cooperación en seguridad, los acuerdos migratorios y hasta la aceptación de deportados de otras nacionalidades se negocian en una mesa donde una de las partes tiene todas las cartas.

¿Acaso pueden negarse?

Guatemala da una respuesta elocuente. El gobierno de Bernardo Arévalo es de centroizquierda y llegó al poder tras una larga batalla contra las élites que intentaron impedir su toma de posesión. Aun siendo "zurdo", se sumó al Escudo firmando con la derecha y dejó constancia de sus reparos. Bahamas y Belice, cuyos gobiernos tampoco comparten el ideario de la mano dura, hicieron lo mismo. Los reparos importan menos que la adhesión. Tres gobiernos que no suscriben la ideología del proyecto calcularon que quedarse afuera costaba más que entrar con objeciones.

Chile respondió la misma pregunta desde la derecha. Hasta el 22 de septiembre era observador del Escudo. Una semana antes del viaje de Kast a Nueva York, el canciller Francisco Pérez Mackenna reunió a los excancilleres chilenos y les adelantó que sería difícil restarse. La mayoría se opuso. Uno de ellos lo describió como una alianza militar con brazo operativo. Otro, Mariano Fernández, contó después que el canciller dio una sola razón: Estados Unidos estaba presionando. De todos modos, Chile firmó en Nueva York.

Meses antes, cuando el jefe del Pentágono cuestionó que países de la región pertenecieran a la Corte Penal Internacional, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, había respondido que Chile no es el patio trasero de nadie. Es casi la misma frase que Lula pronunciaría en la ONU. Un gobierno de derecha la dijo, y aun así firmó. La distancia entre esa frase y esa firma es la medida exacta del margen que hoy tiene buena parte de la región.

Costa Rica ofreció el reverso de la misma escena. Mientras la presidenta Laura Fernández visitaba en Barranquilla a Abelardo de la Espriella, su canciller, Manuel Tovar, representó al país en la reunión de Nueva York. Dos días después, Fernández lo destituyó. Según la versión oficial, Tovar no le trasladó la invitación, y la Presidencia calificó esa omisión como una negligencia que causó un daño estratégico. La presidenta se disculpó ante la embajadora de Estados Unidos por su ausencia y reiteró su compromiso con el Escudo. En Chile, los excancilleres se opusieron a firmar y el gobierno firmó igual. En Costa Rica, perderse la foto con Trump le costó el puesto a un ministro.

La adhesión chilena deja ver otra cosa: el dispositivo cuenta historias distintas según quién escuche. La Cancillería chilena comunicó una coordinación contra el crimen organizado. El documento que el Departamento de Estado difundió después de la reunión dice más. Describe el Escudo sobre tres pilares, económico, de seguridad y de coordinación multilateral. Declara también la intención de pedir al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para considerar una acción colectiva contra las organizaciones "narcoterroristas". Kast aseguró que nadie ha planteado una intervención militar. Su cancillería aclaró que la declaración no activa el tratado, y es cierto. Pero en Santiago se habló de cooperación y en Washington se escribió TIAR.

Es justo añadir que el texto de septiembre no habla de operaciones militares. Habla de ampliar la aplicación civil de la ley. Lo militar está en otros documentos: en la proclamación de marzo, que promete entrenar y movilizar ejércitos; en la oferta que Trump hizo en la sala; y en el TIAR, que es un tratado de defensa. La propia declaración admite que algunos participantes ni siquiera forman parte de él, y les pide apoyar la iniciativa en la medida de lo posible.

Lo que el texto de septiembre sí detalla es la economía. Su primer pilar compromete a los firmantes a explorar mecanismos para filtrar inversiones, a asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos con proveedores diversificados y confiables, y a promover reglas de "proveedores de confianza" para la infraestructura digital. Nada de eso cupo en la explicación que Kast dio en Nueva York, donde habló de coordinar información contra el crimen. En un país que vive del cobre y del litio, el académico Matías Aránguiz advirtió que cada firma de este tipo le manda un mensaje a China, su principal socio comercial. Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron en una declaración conjunta reconsiderar la permanencia de Chile y alertaron contra la idea de una "soberanía continental". El Partido Republicano les respondió que ni frente al crimen organizado superaban sus sesgos ideológicos. El escudo contra los cárteles también quiere opinar sobre quién invierte en la región y a quién se le compran sus minerales.

El TIAR es el pacto de defensa hemisférica firmado en Río de Janeiro en 1947, en los primeros años de la Guerra Fría. La región lo recuerda por una lección amarga. En 1982, durante la guerra de las Malvinas, Argentina lo invocó y Washington se puso del lado del Reino Unido. El tratado de defensa mutua no defendió al país latinoamericano que lo pidió. Que reaparezca ahora como paraguas de una acción colectiva contra un enemigo que designa Washington indica en qué dirección funciona.

Brasil, la democracia más grande de América Latina, dio la otra respuesta. El 22 de septiembre, Luiz Inácio Lula da Silva abrió el debate general de la Asamblea, como manda la tradición, justo antes de que Trump subiera al mismo estrado. Calificó de anacrónicos los intentos de repartir el mundo en zonas de influencia. Reconoció que el crimen organizado aterroriza comunidades brasileñas, pero advirtió que su país no va a tercerizar la defensa de sus fronteras. "No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas", dijo, y pidió cooperación para cortar el flujo de armas y de dinero que alimenta al crimen. Contó que esa propuesta se la entregó en persona al presidente estadounidense. Lo resumió así: "Brasil no es el patio trasero de nadie".

La respuesta de Lula también tiene su contexto. Habló a pocas semanas de las elecciones brasileñas, denunciando injerencias externas en procesos electorales, y ese discurso le sirve también en casa. Su negativa descansa además sobre un peso que casi ningún otro país de la región tiene. Y la lista de 24 grupos que el Escudo designó incluye al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho, dos organizaciones brasileñas. La coalición nombra enemigos incluso dentro de un país que no la integra.

Nadie puede decir con exactitud cuántos países integran el Escudo. En Doral se contaron diecisiete adhesiones. Una declaración de junio sobre Bolivia llevó trece firmas. La de Nueva York, en septiembre, lleva quince, y Guatemala, Bahamas y Belice no están entre ellas. En la prensa circulan cifras que van de catorce a diecinueve. La confusión tiene fundamento. El Departamento de Estado no ha publicado un padrón de miembros ni ha explicado si existen categorías como observador, firmante o miembro pleno. Sus propios textos cambian de vocabulario: en junio se firmaba como "países miembros" y en septiembre, como gobiernos "participantes". El Pentágono usa otro nombre, Coalición Anticártel de las Américas, y habla de "socios". El documento fundacional ni siquiera es un tratado, sino una proclamación del presidente de Estados Unidos. Hasta la Junta de Paz que Trump creó para Gaza tiene carta constitutiva y lista pública de fundadores. El Escudo no tiene ni una ni otra.

Puede ser descuido, falta de un andamiaje institucional o una ambigüedad calculada. Desde afuera no hay forma de saberlo. Lo que sí se ve es para qué sirve. Una coalición sin padrón permite que cada gobierno cuente en casa su propia versión de cuánto se comprometió. Washington escribe tres pilares y TIAR; Santiago comunica cooperación contra el crimen y asegura que no hay nada militar. Guatemala se suma con reparos y no firma la declaración. Costa Rica despide a su canciller por faltar a la reunión de una alianza cuyos términos nadie ha escrito del todo. Y Washington puede hablar en nombre "de las Américas" sin tener que decir cuántas son.

La legitimidad del Escudo es prestada. Descansa sobre gobiernos que necesitan respaldo y sobre gobiernos que no pueden permitirse negarlo. Centroamérica ya vivió este arreglo. A comienzos de los años ochenta, el Congreso de Estados Unidos condicionó la ayuda militar a El Salvador a que la Casa Blanca certificara, cada seis meses, avances en derechos humanos. En enero de 1982, semanas después de la masacre de El Mozote, el gobierno de Reagan firmó la certificación. La ayuda necesitaba una democracia y la democracia necesitaba la ayuda. Cada parte le daba a la otra lo que no tenía. El Escudo reproduce ese mecanismo con otro vocabulario.

La biografía de una palabra, la fabricación del enemigo

"Narcoterrorismo" parece una palabra de este siglo, pero tiene más de cuarenta años. En 1983, el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry la usó para describir la alianza entre Sendero Luminoso y los productores de coca del valle del Alto Huallaga. Nació en los Andes, en plena Guerra Fría, para fundir en una sola amenaza dos problemas distintos.

Llegó a un continente que ya sabía para qué sirven estas palabras. Durante los años sesenta y setenta, la Doctrina de Seguridad Nacional trasladó al enemigo de la frontera al interior de cada país. El peligro dejó de ser un ejército extranjero y pasó a ser una parte de la propia población. En Argentina se llamó "subversivo". En El Salvador y Guatemala, "terrorista" o "comunista". La palabra cambiaba según el país, y su función era siempre la misma. Sacaba a una persona del lugar donde rigen los derechos y la colocaba en el lugar donde rige la guerra.

Cuando la Guerra Fría terminó, la doctrina siguió viva. Como observó el internacionalista Juan Gabriel Tokatlián, cambió de apellido. El subversivo cedió su silla al narcotraficante, y la seguridad nacional se volvió continental.

En junio, el Escudo ya había llevado su vocabulario a la calle. Ante las protestas contra el gobierno boliviano de Rodrigo Paz, sus miembros acusaron a quienes las financiaban de usar dinero del narcotráfico y del crimen transnacional.

Nada de esto absuelve a los grupos criminales. Los cárteles matan, desaparecen y extorsionan, y hay comunidades enteras en México, Centroamérica y Sudamérica que viven bajo su ley. Lo grave está en lo que la palabra hace con todos los demás. Traslada la decisión sobre una vida de un juez a un mando militar, y del expediente al comunicado de prensa.

La palabra ni siquiera cumple sus propias definiciones. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos define el terrorismo como violencia dirigida a intimidar a un gobierno o a una población en apoyo de objetivos políticos o sociales. Un cartel busca el dinero que le da el control territorial, pero no quiere gobernar. La categoría falla ante el criterio de la misma agencia que debería aplicarla, y aun así funciona. Eso revela su oficio, que es autorizar.

Desde aquí

No existe la mirada desde ningún lugar, y quien pretende tenerla suele estar mirando desde el poder. Escribo desde Ciudad de México, con una biografía que empezó en El Salvador. Desde este corredor, el relato del Escudo suena a algo que ya escuchamos.

En los años ochenta, Washington presentaba a El Salvador como una democracia joven asediada por terroristas marxistas armados desde Cuba y Nicaragua. Ignacio Martín-Baró, psicólogo y sacerdote jesuita de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dedicó buena parte de su trabajo a desmontar esa imagen. La llamó "guerra psicológica". Explicaba que el relato hacía posible la guerra, porque ocultaba quién estaba matando y convertía a cualquier campesino, sindicalista o estudiante en sospechoso. Documentó también lo que el miedo le hacía al cuerpo de la gente: los insomnios y las enfermedades sin causa aparente de una población que vivía esperando el operativo siguiente.

El 16 de noviembre de 1989, soldados del ejército salvadoreño entraron de madrugada a la UCA y asesinaron a Martín-Baró, a Ignacio Ellacuría, a otros cuatro jesuitas y a dos mujeres, Elba Ramos y su hija Celina. Transcurría la "ofensiva final" de la guerrilla salvadoreña en la capital, que demostró capacidades militares que ridiculizaron el millón de dólares diarios que recibía el ejército salvadoreño de parte de Estados Unidos como parte de su guerra contrainsurgente en el hemisferio. La ofensiva inició el 11 de noviembre, yo tenía 15 años, y el recuerdo más intenso que tengo de esos días es la voz de un locutor de la Radio Cuscatlán, la radio del ejército, llamando terroristas a los jesuitas de la UCA con insistencia histérica. Yo cursaba la secundaria en el colegio de los jesuitas, y aquellos gritos llamando terroristas a curas que yo conocía me infundieron terror. Desde que me llegó la noticia de que los habían matado, no dejo de asociar los gritos de aquel locutor con esa masacre.

Ellacuría había escrito que la violencia es el síntoma de una injusticia. El relato del Escudo invierte esa lectura. La violencia deja de ser síntoma de algo y se vuelve la esencia de quien muere.

Recordar desde aquí sirve para reconocer una trama cuando vuelve a representarse, aunque los actores lleven otros uniformes.

Los nombres del Nunca Más

El 20 de septiembre de 1984, casi cuarenta y dos años antes del discurso de Trump en la ONU, el escritor Ernesto Sabato entregó al presidente argentino Raúl Alfonsín el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El Nunca Más documentó 8,961 desapariciones y 340 centros clandestinos, y advirtió que la cifra real era mayor.

Lo que hizo aquel informe fue devastador para la dictadura, y no solo por las cifras. Durante años, la palabra "subversivo" había bastado para justificar el secuestro, la tortura y el asesinato. El informe la desarmó sustituyéndola por historias con nombre, fecha y lugar. La dictadura había clasificado. La comisión identificó. Frente a una persona con nombre, la etiqueta pierde su poder de explicarlo todo.

Aquella memoria cayó también en un error de paralaje: presentar a las víctimas como inocentes sin historia, como si solo merecieran justicia quienes no habían militado en nada. Para devolver el nombre a los muertos del Caribe basta una afirmación más simple y más difícil que probar su inocencia: nadie, por poderoso que sea, decide la muerte de otro fuera de un juicio.

Centroamérica hizo su propio trabajo. La Comisión de la Verdad para El Salvador recibió más de 22,000 denuncias y atribuyó cerca del 85 % de los casos al Estado y a sus aliados paramilitares. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico atribuyó al Estado el 93 % de las violaciones documentadas y concluyó que hubo actos de genocidio contra el pueblo maya.

Todas esas comisiones hicieron lo contrario de lo que hace una etiqueta. Donde el poder había puesto una categoría, pusieron un nombre. En el Caribe, a comienzos de septiembre, había 227 muertos y 26 nombres.

La excepción que se vuelve la regla

La memoria sirve también para ver hacia dónde va una historia que ya se contó antes.

Los 70 ataques en alta mar no dependen del Escudo, y por eso mismo anuncian lo que el Escudo prepara. Leo el mar como un laboratorio: un espacio sin fiscales, sin forenses y sin familias que reclamen un cuerpo, donde la doctrina pudo probar su procedimiento sin consultar a nadie. El Escudo abre el siguiente escenario, que es el territorio. En Nueva York, Trump ya lo ofreció en voz alta: si un gobierno aliado no puede con sus cárteles, Estados Unidos lo hará por él. El precedente también existe. Días antes de la cumbre de Doral, Trump ordenó enviar tropas estadounidenses a Ecuador para una operación conjunta contra el narcotráfico. Una lista compartida de "narcoterroristas", adoptada por gobiernos que ya abrieron la puerta a la cooperación militar estadounidense, crea las condiciones para que lo ocurrido en aguas internacionales se repita tierra adentro, con consentimiento firmado. La oferta está hecha, y la arquitectura para aceptarla ya tiene firmas.

Walter Benjamin escribió en 1940, huyendo de los nazis, que la tradición de los oprimidos enseña que el estado de excepción es en verdad la regla. Un ataque sin juicio es una excepción. El número 70 es un procedimiento. Los organismos de derechos humanos lo advirtieron al cumplirse un año de la campaña: la fuerza ilegal que se repite termina por parecer normal. El Escudo es el instrumento de esa normalización. Toma una práctica que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran ilegal y la envuelve en una coalición, un logotipo y un vocabulario de protección.

La socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui distingue dos memorias. La larga guarda el horizonte colonial. La corta, los ciclos recientes de lucha y represión. El Escudo pertenece a ambas. En la memoria larga, va de la Doctrina Monroe de 1823 al corolario de 2025, con una escala en el TIAR de 1947. En la corta, repite el guion de los ochenta con un enemigo nuevo.

Las elecciones de medio término de noviembre explican parte de la puesta en escena. El relato es más viejo que cualquier campaña.

La memoria enseña también la fragilidad de estos arreglos. Una legitimidad prestada dura lo que duran sus prestamistas, y varios gobiernos del Escudo llegaron con márgenes que no garantizan otro mandato. Incluso donde se firma hay quien se opone en voz baja, como los excancilleres chilenos. La alternativa ya se dijo en voz alta, en la misma tribuna y el mismo día: cooperación contra el flujo de armas y de dinero, en lugar de portaaviones. Los arreglos de los ochenta terminaron y dejaron comisiones de la verdad, fosas abiertas e informes que tardaron décadas en escribirse. La memoria enseña que estos arreglos terminan. No enseña cuándo, ni cuántos muertos sin nombre quedan en el camino.

Cuatro nombres que faltan, y los que faltarán

Benjamin advirtió que ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Los muertos del mar están doblemente expuestos. Murieron sin juicio y siguen sin nombre, y cada comunicado que los llama narcoterroristas los vuelve a matar en el relato.

El Escudo pide a sus gobiernos que designen. La memoria latinoamericana responde con otra forma de nombrar, la que practicaron las comisiones de Buenos Aires, San Salvador y Ciudad de Guatemala.

Cuatro personas murieron el 19 de septiembre en el Caribe. Sabemos quién las clasificó para apuntar la mira. Todavía no sabemos cómo se llamaban.

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