Un nombre escrito en un registro es una promesa. Dice que alguien anotó que esta persona falta y que, por lo tanto, hay que ir a buscarla. Un registro que no existe dice lo contrario con la misma claridad: acá no falta nadie.

Empiezo por acá y no por una cifra. La conversación sobre las personas desaparecidas se atasca casi siempre en cuántas son, y ese atasco le sirve a quien preferiría no contarlas. Propongo otra entrada. La desaparición no termina el día en que alguien desaparece; vuelve a ocurrir, más callada, cada vez que el Estado decide no anotarla en un registro. Contar bien es la primera forma de buscar, y voy a tratar de mostrar que no contar casi nunca es un descuido.

Hay una idea de Boaventura de Sousa Santos que me ayuda a nombrarlo, aunque él la pensó para otra cosa. Sostiene que ciertas realidades no están simplemente ausentes: alguien las produce como ausentes, con una razón que él llama indolente, perezosa, incapaz de tomarse el trabajo de mirar lo que deja afuera. Él hablaba de saberes y de pueblos vueltos invisibles, no de personas desaparecidas, y lo aclaro para no ponerle en la pluma lo que no escribió. Pero el traslado se sostiene. A una persona desaparecida también se la produce como ausente, y dos veces: cuando se la desaparece y cuando despué no se la anota en un registro. Esa segunda ausencia es la que me interesa, porque es la única que todavía está a tiempo de evitarse.

El sur inventó la respuesta

Cuando hoy decimos desaparición forzada usamos una expresión que el sur del continente le enseñó al mundo. La ejercieron las dictaduras del Cono Sur en los años setenta, y sobre todo la cargaron de sentido quienes se les enfrentaron. En octubre de 1977, un grupo de mujeres empezó a dar vueltas los jueves alrededor de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, reclamando la aparición con vida de sus hijos. Pedían presencia. Sin proponérselo, hacían con el cuerpo lo que Boaventura describiría mucho después: volver presente lo que alguien había producido como ausente.

No se quedaron en el reclamo. Las Madres, y luego las Abuelas de Plaza de Mayo, convocaron a la ciencia, y al hacerlo cambiaron la manera en que el mundo busca a sus muertos sin tumba. A pedido de las Abuelas y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la comisión de verdad que investigó los crímenes de la dictadura, en 1984 se formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que aprendió a leer en los huesos la historia que los archivos negaban. Por impulso de las Abuelas, el Congreso argentino creó en 1987 el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el primero de su tipo en el mundo, y la genetista Mary-Claire King desarrolló con ellas el índice de abuelidad, la fórmula que prueba un parentesco cuando falta la generación intermedia. Esa ciencia existe porque las familias la exigieron. Sobre la experiencia del EAAF se crearon después los equipos forenses de Chile en 1989, de Guatemala en 1991 y de Perú en 1997. Las antropólogas que hoy devuelven osamentas con apellido en Guatemala trabajan con herramientas que nacieron de aquellas rondas de los jueves.

Chile sumó una lección necesaria. Mientras la dictadura negaba, la Iglesia católica levantó la Vicaría de la Solidaridad, una oficina que durante dieciséis años documentó lo que el Estado ocultaba, su archivo conserva unos 47,000 casos. Fue un registro construido contra el poder, a mano y bajo amenaza, que le costó la vida a integrantes suyos como José Manuel Parada, degollado en 1985. Conviene recordarlo la próxima vez que un gobierno diga que no registra porque es difícil. Hubo además una respuesta que no fue forense ni jurídica, sino estética: en Buenos Aires, el siluetazo llenó las calles de siluetas de tamaño real que representaban a los desaparecidos, para que la ciudad no pudiera mirar hacia otro lado; en Santiago, las arpilleristas cosían en tela lo que no se podía decir en voz alta. El arte puso a la vista una ausencia que el poder prefería invisible.

La complejidad es real

Registrar un crimen diseñado para no dejar rastro es de las tareas más difíciles que puede emprender un Estado, y la dificultad es real. Guatemala lo muestra sin que haga falta acusar a nadie de mala fe. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la comisión de verdad del conflicto armado guatemalteco, documentó 6,159 víctimas de desaparición forzada y estimó que el total rondó las 40,000. Documentó una de cada seis o siete. Esa brecha no fue ineficacia, sino el derrumbe de toda la cadena que va del hecho a su registro: de los casos que llegaron a la CEH, el 87 % nunca había sido denunciado antes ante ninguna institución. En las comunidades mayas rurales, con miedo fundado y sin una oficina cerca, denunciar no era una opción realista. Lo documentado fue el resto visible de algo mucho más grande y deliberadamente invisible.

La dificultad sigue viva y toma formas nuevas. En El Salvador, por ejemplo, una desaparición puede denunciarse ante al menos tres puertas distintas: la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que es el ombudsman salvadoreño. Esas puertas no se comunican entre sí y producen registros que nadie cruza. Se denuncia que alguien desapareció; casi nunca se anota si volvió. Quien trabaja con estos datos lo sabe: el sistema cuenta entradas, no desenlaces. El argumento es técnicamente sólido, sin embargo, no significa que el problema no tenga solución.

Argentina llevó esta dificultad a su forma más simbólica y más disputada. La CONADEP documentó 8,961 desapariciones a partir de las denuncias que alcanzó a recibir en nueve meses, con provincias enteras sin oficina que las tomara. El movimiento de derechos humanos sostiene otra cifra: 30,000. Cada tanto, desde la ultraderecha hoy en el gobierno, se agita esa diferencia para insinuar que la cifra mayor es un invento. Vale detenerse, porque el argumento se disfraza de método y en realidad disputa la memoria. La cifra documentada es un piso, no un techo: mide lo que el terror clandestino permitió registrar, no lo que ocurrió. El 30,000 nunca fue una planilla. Es la medida simbólica de una crueldad que ninguna estadística contiene, y por eso la narrativa del horror de las dictaduras se sostiene más en esa cifra de desaparecidos que en la de muertos: a un muerto se lo entierra; a un desaparecido, no. Tratar el número como un dato falsable, y no como el símbolo de lo incontable, repite con otras palabras el gesto del que desapareció, que era producir la ausencia. 

La misma complejidad, vuelta coartada

El problema crece cuando esa dificultad se vuelve permiso para no hacer nada y, peor, cuando se vuelve una herramienta política para ocultar. Ahí la explicación honesta se convierte en coartada.

México ofrece el caso más incómodo, porque no es un Estado sin instrumentos. Desde 2017 tiene una Ley General en Materia de Desaparición, una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y un registro nacional. El estado mexicano construyó más arquitectura institucional que casi cualquier país de la región. Aun así, en 2023 el gobierno hizo un censo casa por casa y anunció que, de las casi 111,000 personas del registro, solo el 11 % —12,377— estaban «confirmadas» como desaparecidas. Al resto lo repartió en categorías más blandas: un 15 % dado por localizado, un 16 % «ubicado» pero sin prueba de vida, un 24 % con datos insuficientes para siquiera buscar, un 32 % sin ningún indicio y un 2 % de duplicados. Fuera de ese 15 %, ninguna de esas etiquetas significa haber encontrado a alguien: significa haber dejado de contarlo como desaparecido. Quizá este censo sea el que mejor cumple la lógica estadística para dar claridad a la complejidad del problema, sin embargo, todo se hizo sin las autoridades especializadas de búsqueda y sin consultar a los colectivos de familias. Organizaciones civiles rastrearon después miles de nombres borrados sin constancia de qué había pasado con cada persona. 

El patrón se repitió en 2026. Una nueva depuración dejó 43,128 casos «vigentes» de más de 132,000 registros, con las mismas objeciones de las familias. 

Y ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), el Estado mexicano rechazó que se lo pueda responsabilizar por desapariciones cometidas por el crimen organizado, alegando que eso amplía indebidamente la idea de aquiescencia. Conviene explicar esa palabra, porque es el nudo del caso. Aquiescencia no significa que el Estado ordene la desaparición. Significa que la consienta: que sus agentes la toleren, la faciliten o miren hacia otro lado. Un policía que entrega a alguien a un grupo criminal, un fiscal que nunca abre la carpeta, una autoridad que sabe dónde preguntar y no pregunta. En un país donde buena parte de las desapariciones no las ejecuta directamente el Estado, la aquiescencia es lo que conecta esos crímenes con la responsabilidad estatal. Rechazar el concepto tiene una consecuencia concreta: cierra la puerta por la que entra la obligación de responder. La complejidad conceptual, que es real, terminó al servicio de declinar esa obligación.

El Salvador llegó más lejos por otra vía. Su gobierno no entra a discutir la doctrina: cínicamente puso el dato bajo llave, lo desapareció del público. Desde 2022, la información sobre estadísticas de personas desaparecidas y cementerios clandestinos está declarada reservada, fuera del alcance de la ciudadanía y de las propias familias. Al mismo tiempo, ante instancias internacionales, el Estado exhibe una base parcial como prueba de transparencia mientras desestima las denuncias. Todo esto ocurre mientras la caída de los homicidios se presenta como un logro sin matices, y una desaparición mal contada es justamente un matiz que estorba.

No hay pruebas de que estas narrativas sean resultado de gobiernos confabulando. Pero es evidente que comparten una lógica: no llevar esa cuenta protege el relato. Ignacio Martín-Baró, que pensó la psicología social desde una Centroamérica en guerra y fue asesinado por el mismo ejército salvadoreño cuya violencia estudiaba, le puso a esto un nombre que todavía sirve, la mentira institucionalizada, esa que deja de ser el desliz de un funcionario para volverse estructura y política de archivo.

Por qué los Estados tienen que responder

Alguien podría objetar: si en muchos de estos casos quien desaparece a la persona no es el Estado sino una banda criminal, ¿por qué responsabilizar al Estado? La respuesta la dio la justicia interamericana hace casi cuarenta años, y la dio en Honduras. En 1988, en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que investigar una desaparición es un deber propio del Estado, que no depende de que la familia lo empuje, y que el Estado responde cuando no previene, no busca ni esclarece. La Corte IDH definió además la desaparición forzada como una violación continua, que no termina hasta que aparece la persona o se conoce su destino. Sobre esa base, en 2022 el CED concluyó que el Estado mexicano puede responder incluso por desapariciones cometidas por el crimen organizado cuando median participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Y en 2026, tras un proceso abierto el año anterior, remitió por primera vez en su historia la situación de un país a la Asamblea General de la ONU. Ese país fue México, ante indicios bien fundados de que las desapariciones se cometen de forma generalizada o sistemática. El Comité fue cuidadoso: aplicó un estándar preliminar, no juzgó casos individuales y no halló una política federal deliberada de desaparecer personas. Aun con esa cautela, el estándar es exigente y el deber que impone sigue en pie.

Puesto así, no registrar deja de ser un asunto administrativo. Un Estado que no cuenta a sus desaparecidos incumple su deber de buscarlos. Cuando ese incumplimiento es sistemático y deliberado, hay quienes sostienen, con una cautela que comparto, que ciertas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El condicional es deliberado. El deber de buscar no.

La sociedad con desaparecidos

Falta lo que no cabe en ningún registro. Una desaparición no le ocurre solo a quien desaparece. Le pasa a la madre que sigue poniendo un plato de más, al hijo que hereda una búsqueda que no eligió, al barrio que aprende a bajar la voz. Martín-Baró insistía en que el trauma de la violencia política no es una herida individual que se cura en el consultorio, sino un daño que se instala en el tejido entero de una comunidad; lo llamó trauma psicosocial. La psicoanalista Lía Rincón, en un texto que escribió para un libro que Martín-Baró compiló, lo nombró con una precisión que todavía incomoda: la sociedad con desaparecidos. Una sociedad entera reorganizada alrededor de una ausencia que no cierra.

Hay una imagen que lo dice mejor que cualquier definición. En Chile, bajo la dictadura, las mujeres de los detenidos-desaparecidos empezaron a bailar la cueca, que es un baile de pareja, solas. La cueca sola: una mujer que baila frente a un compañero que no está, y cuya ausencia se vuelve, por un instante, visible para todos.

Ese gesto tuvo una prolongación que este proyecto no puede pasar por alto. El 12 de octubre de 1989, el aniversario de la Conquista, el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, formado por el escritor y cronista Pedro Lemebel y por Francisco Casas, bailó la cueca sola descalzo en la sede de la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, sobre un mapa de América Latina cubierto de vidrios de botellas de Coca-Cola, hasta sangrar, y lo rodeó de carteles de los desaparecidos. La acción se llamó La conquista de América. Bailaban como cuerpos disidentes, maricas, en plena dictadura, y ahí está lo que a este proyecto le importa nombrar. La disidencia sexual fue reprimida con una saña particular: el rabino Marshall Meyer, que integró la CONADEP, dejó constancia del ensañamiento con gays y lesbianas en los centros clandestinos argentinos.

Desde que Carlos Jáuregui, primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, la propuso en 1987, circula una cifra simbólica, cuatrocientas personas LGBT+ desaparecidas, que el activismo suma a las treinta mil para reclamar memoria por treinta mil cuatrocientas. El propio Jáuregui advirtió lo que ya sabemos: es casi imposible probar que alguien desapareció por ser homosexual, porque los asesinos borraron las huellas. La misma trampa de siempre, el crimen produce la incertidumbre que después sirve para no contar. 

Y hubo una omisión más simple: la CONADEP no registró la orientación ni la identidad de género de las víctimas, así que esas personas nunca figuraron como tales en el conteo oficial. La justicia argentina apenas ahora empezó a reconocerlas. Lemebel dedicó su crónica a impedir ese segundo borrón: escribió a los enfermos de sida que morían solos, a las travestis de la periferia de Santiago, a los cuerpos que ni la dictadura ni cierta izquierda querían nombrar. Hizo con la crónica lo que las Abuelas hicieron con la ciencia: forzó a la memoria a incluir lo que se había producido como ausente.

Por eso el no-registro hiere hacia afuera. Prolonga un duelo que no encuentra dónde apoyarse, porque sin cuerpo y sin certeza el duelo queda suspendido. Y produce ausencias nuevas. Hay una población entera que el registro no mira: las hijas y los hijos de las personas desaparecidas. Un informe mexicano de agosto de 2026 lo mostró con cuidado: el registro nacional cuenta personas, no familias, así que el Estado no sabe cuántas niñas y niños quedaron sin madre o sin padre, qué edades tienen ni quién los cuida. Sin ese vínculo anotado no hay a quién proteger, y la escuela, la salud y el apoyo llegan tarde o no llegan. Mientras tanto, la búsqueda entera queda sobre las familias. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI) lo constató en Guatemala en 2026: más de cuarenta años después del conflicto, la carga de buscar sigue recayendo, casi completa, sobre los parientes. Familias que hacen el trabajo del Estado, con el dolor que el Estado les causó, y sin el Estado.

La confianza 

Vuelvo al nombre escrito. Volver presente lo ausente lo vienen haciendo, sobre todo, quienes menos poder tienen. Las Abuelas que convocaron a la ciencia. La Iglesia chilena que archivó lo que el Estado negaba. Las forenses guatemaltecas que devuelven osamentas con nombre. Las organizaciones salvadoreñas que levantaron un registro ciudadano cuando el dato oficial se volvió secreto. Lo hicieron con las manos, porque nadie más lo hacía.

Y acá está el nudo que no se puede resolver con una frase bonita. A esas familias, tarde o temprano, les vamos a pedir que confíen: que vuelvan a denunciar, que entreguen su ADN a un banco estatal, que crean que esta vez la búsqueda va en serio. Pero la desconfianza de una madre que buscó sola durante años no es un obstáculo a vencer. Es una conclusión razonable, ganada con evidencia, la desconfianza mejor fundada que conozco. Pedirle que confíe es pedirle que haga lo contrario de lo que su experiencia le enseñó.

No tengo una salida limpia para eso. Tengo, apenas, una pista, y está en Colombia. Del acuerdo de paz de 2016 nació la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que busca a más de 100,000 personas con un diseño deliberado: es humanitaria y extrajudicial, y la información que recibe no puede usarse para condenar a nadie. Suena contraintuitivo hasta que uno entiende para qué sirve. Sirve para que quien sabe dónde está un cuerpo pueda decirlo sin condenarse, y para que una familia por fin descanse. Es un Estado que, en lugar de exigir confianza, se puso a construir las condiciones para merecerla. No es el paraíso: el conflicto colombiano sigue abierto y la UBPD enfrenta límites reales. Pero es una dirección.

Ahí desemboca todo esto. El acercamiento honesto entre las familias que buscan y el Estado que debería buscar no va a nacer de convencer a nadie de confiar contra su propia historia. Va a nacer, si nace, de regenerar la democracia hasta que confiar vuelva a estar justificado. Una democracia sólida no nos exige confianza: se toma el trabajo de merecerla, y por eso puede pedirnos que busquemos juntos las respuestas. Mientras tanto queda lo mínimo, que no admite pretexto de complejidad: contar, escribir el nombre, reconocer que alguien falta y salir a buscarlo.

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Fuentes

En orden de aparición. Boaventura de Sousa Santos — «La sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias», en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (CLACSO, 2006). ver fuente. Equipo Argentino de Antropología Forense (1984) — ver fuente. Banco Nacional de Datos Genéticos (Argentina, 1987) — ver fuente. Índice de abuelidad (Argentina) — ver fuente.. Vicaría de la Solidaridad — Chile, 1976–1992. Archivo de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. ver fuente. Comisión para el Esclarecimiento Histórico — «Guatemala: Memoria del Silencio» (1999). 6,159 documentadas, ~40,000 estimadas, 87 % sin denuncia (Tomo II, párr. 2037 y 4032). ver fuente. El Salvador — Reserva de información sobre personas desaparecidas (2022) y tres canales de denuncia (PNC, FGR, PDDH). FESPAD y cobertura. Ver fuente. CONADEP — «Nunca Más» (1984): 8,961 casos documentados; cifra de 30,000 sostenida por el movimiento. ver fuente. Ley General en Materia de Desaparición — México (2017, reformada). Marco de la CNB y del registro nacional. ver fuente. RNPDNO — Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (versión pública). ver fuente. Censo y depuración del registro (México, 2023 y 2026) — Reclasificación del registro y nombres borrados (Animal Político / Data Cívica); nueva depuración en 2026 (132,000 registros, 43,128 «vigentes»). ver fuente. · ver 2026 Rechazo del Estado mexicano — Comunicado ante la decisión del CED (SEGOB, 2026). ver fuente. Corte Interamericana de Derechos Humanos — «Velásquez Rodríguez vs. Honduras» (1988): deber de garantía y de investigar. ver fuente. Comité contra la Desaparición Forzada (ONU) — Decisión bajo el artículo 34 sobre México (CED/C/MEX/A.34/D/1, 2026). ver fuente. Ignacio Martín-Baró — «La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador» (1988; UCA, 1990). ver fuente. Lía Rincón — «La sociedad con desaparecidos», en Martín-Baró (ed.), Psicología social de la guerra (UCA, 1990). ver fuente. Las Yeguas del Apocalipsis — «La conquista de América» (12 de octubre de 1989). ver fuente. Personas LGBT+ desaparecidas — Cifra simbólica «400» / «30.400» (C. Jáuregui, 1987; rabino Marshall Meyer, CONADEP). Agencia Presentes. ver fuente. «Son 30.400» — Memoria, Verdad y Justicia del colectivo LGBTIQ+ (UNSAM). ver fuente. Reconocimiento judicial (2024) — Personas travestis y trans como víctimas del terrorismo de Estado en Argentina (UNLP). ver fuente. Hijas e hijos de personas desaparecidas (México, 2026) — Tejiendo Redes Infancia / Observatorio Infancia Latina. La estimación de ~165 mil es un escenario exploratorio, no un conteo. ver fuente. GTDFI — Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Visita a Guatemala (2026). ver fuentes. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas — Colombia. Entidad humanitaria y extrajudicial del Acuerdo de Paz (2016). ver fuente.